En estos últimos treinta años los argentinos hemos aprendido a reconocer el valor del sistema democrático y defender su ejercicio, de ahí que resulte lamentable escuchar o leer algunas declaraciones, tanto de representantes del Gobierno como así también de sectores opositores.
El ministro del Interior y Transporte descartó la posibilidad de que la Presidenta de la Nación no culmine su mandato, afirmando: "’No se ilusionen. No nos vamos a ir antes”. No se trata de no respetar la ley, y en este caso la Constitución y la voluntad popular que la eligió hasta el 10 de diciembre de 2015 y se deben cumplir siempre, respetuosa y estrictamente, los ciclos democráticos.
Lo que sucede es que cuando se comenten errores, como viene aconteciendo en el sector de la economía, afectando el bienestar de la ciudadanía, ésta tiene legítimo derecho a solicitar que se revierta todo aquello que es nocivo para el presente y el futuro, no para que se vayan quienes han sido elegidos para la noble misión de gobernar, sino para que efectivamente gobiernen. No se debería pues, hacer oídos sordos al clamor de la gente.
Todos tienen derecho a ser escuchados y no descalificados como "destituyentes” cuando plantean por ejemplo, reconocer los niveles de inflación que carcomen sueldos y golpean más fuertemente a las clases más necesitadas. Son múltiples las voces que surgen desde el mismo seno oficialista, reconociendo lo que hoy se vive. Por ejemplo, el flamante vicepresidente del Mercado Central y afín al oficialismo, Alberto Samid, declaró que el país está pasando "un momento difícil”. Así como las palabras de Randazzo fueron desafortunadas, también resultan desatinadas las del exdiputado nacional Jorge Yoma cuando señaló en relación a la Presidenta y su Gabinete: "’Es preferible que se vayan ahora. No da para más”.
Hay algo previo que cabe discutir y son las condiciones que hacen posible la gobernabilidad. Ellas remiten a dos procedimientos básicos que pueden promoverla. Uno es respetar a los órganos de control administrativo y el respeto y diálogo con los distintos sectores de la sociedad. El otro es la subordinación a la ley. Uno y otro encaran de muy distinta manera lo que es urgente resolver: la inflación, el empleo, la educación, la inversión, la salud pública, la inseguridad.
Se trata de optar, de convalidar uno u otro de esos dos procedimientos. De generar o dejar de generar las condiciones propicias para que la política, democráticamente entendida, vuelva a despertar expectativas sociales de dignidad y progreso.