Desde que los más pasaditos en años tienen uso de razón es que escuchan hablar de Pacto de la Moncloa, sin estar demasiado al tanto de lo que significa.
Más que una efeméride, es un modo de vida. Una preferencia sobre el acuerdo y la planificación, por encima de la confrontación y la imposición. Una manera de buscarle un orificio de salida al oscuro túnel de las crisis y los problemas.
Son más bien añoranzas. O maneras ficticias de trasladar un evento producido en un momento determinado entre personas determinadas, o otro contexto de tiempo, lugar y protagonistas. El acertijo es imaginar si será posible una Moncloa nacional en medio de tanto desmembramiento, de tanta compulsa por separar de modo violento antes que de unir de manera acordada. Y la respuesta no deja de herir: mal que nos pese, parece ser que el único momento de lucir la celeste y blanca es cuando jugamos contra Brasil, con la impotencia agregada de pasar de la euforia previa a despertarnos de un sólo bofetazo.
¿Alguien en este país es capaz de imaginarse a todos los gremios, todos los partidos y todas las agrupaciones empresarias acordar un texto definido para salir del pozo, como fue la Moncloa? Difícil en un país donde el que pierde corta la calle, bajo argumento de merecer respeto y de encumbrar más allá de todo lo razonable al dejar hacer.
No hay ley que valga, ni derecho ajeno digno de valor. Todo nace y muere en esas suposiciones irreductibles que han hecho difícil la convivencia entre argentinos y con los vecinos. Todo o nada.
Eso que la Moncloa no fue un mero sumario de buenas voluntades, bien difusas como para no comprometer a nadie, como hoy es posible imaginar en la dimensión local.
Para nada. El acuerdo español tuvo como telón de fondo una de las crisis institucionales y económicas más profundas de la historia del país, a la salida de la dictadura de Franco. Tan hondo era el pozo, que la única manera de evitar la desintegración como Nación en pequeñas autonomías regionales -y empobrecidas- fue tomarse de las manos.
El contexto de aquella firma puede resultar familiar. La inflación trepaba a mediados de 1977 a más del 40% anual, la crisis petrolera de la OPEP había dado de lleno en España. Había riesgo de hiperinflación, se hablaba de fuga de capitales y un empresariado corporativo acostumbrado al intervencionismo buscaba el modo de mantener los privilegios. Cualquier semejanza con la realidad argentina es pura coincidencia.
La puerta de salida fue un pacto con un punteo concreto, en oposición a los manuales voluntaristas y fanáticos del diagnóstico. Buscaron hacerlo lo más amplio posible y lo consiguieron a base de la apertura que provocan las crisis terminales. Pusieron la rúbrica el 25 de octubre de 1977, además del jefe de gobierno Adolfo Suárez, ni más ni menos que Felipe González en nombre del PSOE o el jefe del Partido Comunista, Santiago Carrillo, también la UCR y hasta Manuel Fraga, auténtico referente político del propio franquismo. Además de las ariscas autonomías españolas: nada menos que los dos partidos más fuertes de Cataluña y el poderoso Partido Nacionalista Vasco. Algo así como juntar en una misma mesa a Kirchner, Duhalde, Menem, De la Rúa, Cobos, Carrió, Macri y Pino Solanas.
No anduvieron con definiciones ambiguas, ni medias tintas. Acordaron fijar un máximo para los despidos (el 5%), fijar para 1978 un aumento de salarios máximo del 22% que era la inflación prevista, una contención de la masa monetaria para evitar la inflación, una reforma de impuestos para mejorar la recaudación y un control financiero por medio del Banco Central para evitar las quiebras bancarias y la fuga de capitales. Además, sacaron del camino algunas vetustas instituciones políticas surgidas bajo el influjo del generalísimo, cuidándose de cierta demonización estúpida: el reconocimiento a la asociación sindical y el derecho de reunión, penalizar la tortura, prohibir la censura previa o despenalizar el adulterio. Por eso, Moncloa es sinónimo de acuerdo.
En Argentina se ha convertido en palabra solfeada con liviandad cada vez que arrecia una crisis. Es decir, bastante seguido.
Siempre como una expresión alejada por la fuerza de los hechos. En medio de un escenario fracturado, de operaciones y contraoperaciones diarias, la aventura de encontrar alguna coincidencia suena a locura. Cada día que pasa, el plan del Gobierno sigue siendo aún más el de atacar a Clarín, y el de la oposición es continuar recitando Alika, Alikate.
Hubo en los últimos tiempos varios intentos por escaparle al cortoplacismo nacional, lógicamente sin más destino que el de pasar a la estantería de las cosas de menor valor frente a la prioridad incandescente de seguirle el ritmo a las llamas del día a día.
Uno de ellos fue el gesto de bajar de la repisa un ajado organismo llamado Concejo Económico Social, hoy ya un rótulo de buenas intenciones convertido en plenario disciplinador: el que se porta bien tiene una silla, y al que no se la corren.
Como la Moncloa, promueve un gran acuerdo entre gobierno, empresarios y gremios. Pero el primer problema es que antes que nada hay que sentarlos juntos, y en eso vienen amagando desde hace años. Cuando una mesa de diálogo intentó construir algo desde las cenizas de diciembre del 2001 y lo único que consiguió fue alumbrar los planes sociales.
Bendito consejo, con la mochila bien pesada, flamea entre la utilización política y la impotencia: que los gremios están divididos y unos van y otros no, que los empresarios también y la industria asiste pero el campo no. Y que la oposición tampoco tiene lugar.
Bajo esa lógica extremadamente obvia de encontrar coincidencias básicas que sean posibles de proyectar a lo largo de una década, hubo algunos otros intentos en los últimos meses.
Uno de ellos corrió por cuenta de la Iglesia. En su última visita a San Juan, monseñor Casaretto -titular de la Pastoral Social- reclamó a todas las fuerzas con protagonismo que acuerden un plan de larga vida.
Algo, un plan, un horizonte hacia donde caminar. Parece difícil, pero es simple: un compromiso de todos por establecer qué hacer, y cómo, y con un plazo que vaya más allá de un par de gestiones (8 años). Sin rodeos, ni definiciones abstractas. De manera de no estar empezando todo de nuevo cada vez que cambia un gobierno.
Algo de eso se propuso, nuevamente de manera declamativa, el Gobierno con su plan para el Bicentenario. Pero aún están discutiendo si se sentará el campo. Rodolfo Terragno, una luminaria del radicalismo, presentó hace poco un plan para el doble bicentenario 2010-2016. Aplausos, medalla y al archivo. Nadie lo discutió, al menos.
El Ministerio de la Producción local hizo un plan a 10 años, pero nadie sabe de qué se trata. Sólo los industriales, que se quejaron porque no aparecen. El resto es sólo pensar en el próximo cuarto de hora: se inaugura el Centro Cívico, cuya eterna construcción es un monumental emblema de la falta de plan, y aparece otro: El edificio 9 de Julio -donde estaban los ministerios-, abandonado en pleno centro.