La terna a fiscal General de la Corte de Justicia, confeccionada por el Consejo de la Magistratura, quedó integrada por tres nombres de peso dentro del Poder Judicial: el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario Relator de la Fiscalía, Rolando Lozano, y el coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore. De los tres, sólo el último no tuvo ninguna vinculación con la megacausa Expropiaciones, el proceso judicial más extenso y resonante en la historia reciente de San Juan.
El expediente se destapó en 2010, tras detectarse irregularidades en los montos pagados por terrenos expropiados en zonas como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y el Canal Benavídez. Las pericias revelaron una manipulación sistemática de tasaciones para inflar valores y beneficiar a privados, en perjuicio del Estado.
Luego de 15 años de trámite, el veredicto llegó en julio de 2025. El tribunal colegiado integrado por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón condenó a 9 de los 12 imputados a prisión efectiva. Entre ellos, los abogados considerados jefes de la asociación ilícita, Santiago Graffigna y Horacio Alday.
Graffigna recibió una de las penas más severas del proceso: 7 años y 8 meses de prisión efectiva por fraude y estafa en 8 hechos, en concurso real, además de tentativa de fraude y estafa en 6 hechos, y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador.
Un mes más tarde, en agosto de 2025, los condenados apelaron la sentencia. El expediente llegó a la Corte de Justicia en septiembre, pero todos los ministros del máximo tribunal se inhibieron de intervenir por relaciones directas o indirectas con la causa o los condenados, por lo que debió integrarse un nuevo un tribunal de apelación ad hoc, conformado por sorteo entre jueces de segunda instancia de distintos fueros.
En ese contexto, Guillermo Baigorrí quedó designado por la ley de subrogancias para integrar el tribunal que reemplaza a la Corte y que deberá revisar la condena de Graffigna. Lo acompañan el camarista penal Víctor Muñoz Carpino y el camarista laboral Mariano Ibáñez. Tres nombres conocidos que ya fueron llevados a un juicio político sin pies ni cabeza. También sucedió en el marco de la megacusa, Edishon Sobelvio -esposo de la ya fallecida Rosalba Marún- inició la acción contra los tres. La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de San Juan desestimó el pedido de plano.
La presencia de Baigorrí en ese tribunal no es menor: si finalmente es designado fiscal General de la Corte, el trámite de la megacausa deberá paralizarse hasta que se designe un reemplazo. Además, la defensa de Graffigna, a cargo del abogado Marcelo Fernández, ya planteó que ese tribunal no debería intervenir nuevamente porque “ya emitió opinión” en instancias previas del proceso.
De todos modos, fuentes judiciales señalaron que el tribunal sólo actuó sobre incidentes menores y no sobre la cuestión de fondo -las condenas- y que podría continuar al frente. A la defensa no le gustaría nada. Piensan que hay que conformar un nuevo tribunal. “Avanzan de manera arbitraria o como se les ocurre”, dijeron desde el entorno del letrado de Graffigna. Es decir, la presencia de Baigorrí en el futuro es un interrogante abierto que ni siquiera entre las fuentes están de acuerdo. Es más, sistemáticamente la defensa recusó a los magistrados que intervienen en la causa.
Por su parte, Rolando Lozano, actual secretario Relator de la Fiscalía de la Corte, tuvo una intervención directa en los orígenes de la megacausa. Junto con el abogado -ahora también secretario Relator- Fernando Rahmé Quattropani, fue defensor de Santiago Graffigna entre 2010 y 2016, etapa en la que el empresario era considerado el principal acusado de la asociación ilícita.
Durante ese período, Lozano realizó declaraciones públicas en defensa de su entonces cliente. En una entrevista con Radio La Red, sostuvo: “Se hará justicia a la larga. Si nos guiamos por las hipótesis que se plantearon en esta investigación, la verdad me faltan bastantes patas en este trípode. Es difícil sostenerlo tanto tiempo, casi imposible materialmente hablando”.
Su salida del caso se produjo cuando ingresó al Poder Judicial. En caso de ser designado fiscal General de la Corte, Lozano deberá inhibirse de intervenir en cualquier instancia de revisión o apelación de la megacausa, tal como establece la normativa vigente para evitar conflictos de interés.
El tercero en la terna, Matías Senatore, se mantuvo completamente al margen del proceso. Durante los años en que la megacausa se desarrollaba en la Justicia provincial, al menos en la parte inicial, se encontraba dedicado a la actividad privada y en empresas fuera de San Juan. Además, la actividad en la Oficina Judicial Penal no tiene punto de contacto con la megacausa.
Actualmente, la tradición en la fiscalía General, de acuerdo a la costumbre del difunto Eduardo Quattropani, consistía en que los fiscales de Cámara eran los que actuaban ante la Corte de Justicia. Pero se desconoce si eso seguirá así o si el nuevo fiscal General que quede designado por Diputados va a intervenir de manera directa.