El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump ya anunció que va a firmar una serie de decretos dirigidos a acelerar el proceso de deportación cuando asuma el cargo este lunes 20 de enero. Ese riesgo se ha convertido en una fuente abrumadora de ansiedad e incertidumbre para un tercio de las 1,4 millones de personas que serían objetivo principal para la deportación, aquellas con “órdenes finales de remoción”, viven en áreas donde Florida y Texas tienen jurisdicción, según datos de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) obtenidos por Reuters.
Los dos estados han promulgado sus propias leyes para reprimir a los inmigrantes que están en el país ilegalmente. Al menos otro tercio de los migrantes que viven bajo órdenes finales están en California y otros estados “santuario” que limitan la cooperación con la aplicación de las leyes de inmigración federal.
Reuters habló con media docena de inmigrantes que viven en Florida y Texas con órdenes de remoción, así como con defensores de la inmigración y líderes religiosos, quienes describieron una creciente ansiedad y prisa por reunirse con abogados y hacer planes de contingencia para los niños y otros dependientes en caso de que sean deportados. Describieron su miedo de ser detenidos por la policía indiscriminadamente o por conducir sin licencia.
John Budensiek, sheriff del condado de Martin, Florida, dijo que muchos de quienes son detenidos y pasan por sus cárceles podrían ser presas fáciles para la deportación.
Un portavoz del ICE dijo que la agencia tiene en cuenta las circunstancias individuales a la hora de determinar si debe detener a alguien.
Temor creciente
Tom Homan, quien será el encargado de controlar la frontera cuando asuma Trump, ha dicho que los inmigrantes con órdenes finales de deportación ya tuvieron la oportunidad de argumentar su caso ante un juez.
“Al final de ese debido proceso, cuando se les ordene que se vayan, esas órdenes tienen que ejecutarse”, dijo recientemente.
Los defensores de la inmigración sostienen que muchas personas con órdenes finales de deportación son residentes de largo plazo, respetuosos de la ley, que contribuyen económicamente al país y tienen hijos o cónyuges que son ciudadanos estadounidenses.
El plan de Trump de priorizar las deportaciones de personas con órdenes finales de expulsión es un cambio drástico del enfoque de Biden en criminales graves y amenazas a la seguridad nacional.
El Gobierno de Biden instruyó a los oficiales de inmigración a considerar ciertos factores antes de hacer un arresto, incluyendo si la persona era residente de largo plazo o cuidador principal.
La nueva guía de Trump priorizaría a los criminales, pero permitiría que cualquier persona sin estatus legal fuera detenida, dando más discreción a los oficiales de inmigración.
La nueva guía de Trump priorizaría echar del país a los criminales, pero permitiría que cualquier persona sin estatus legal fuera detenida, dando más discreción a los oficiales de inmigración.
Deportaciones a terceros países
Para Jorge López-Girón, un hombre gay de 47 años de Honduras que vive en Estados Unidos sin estatus legal desde 2000, el cambio de línea dura anticipado con la vuelta de Trump a la Casa Blanca significa que podría estar en un riesgo aún mayor de deportación debido a una condena por violencia doméstica. Pasó tres meses en un centro de detención para migrantes. No calificaba para pedir asilo porque había pasado varios años en el país sin solicitarlo.
Otros migrantes de países como Cuba y Venezuela, que tienen relaciones tensas con Estados Unidos y aceptan pocas deportaciones, tenían baja prioridad para ser expulsados durante el Gobierno de Biden.
Homan dijo que cuando Trump asuma trabajará para aumentar las deportaciones a esas naciones o reclutar a otros países para que los acepten.
Alain, un cubano que cruzó la frontera sur ilegalmente en 2021, ahora vive en Houston con su esposa Erika, una hondureña que también carece de estatus legal, y sus cuatro niños. Sus dos hijos menores son ciudadanos estadounidenses.
El hombre de 32 años relató que dejó la granja familiar en la provincia de Matanzas en 2019 después de que fue acosado y detenido por la policía por su negocio y su oposición al gobierno comunista de la isla.
Solicitó asilo desde México durante el primer mandato de Trump y se lo negaron, antes de cruzar la frontera ilegalmente. En ese momento, Cuba no aceptaba vuelos de deportación desde Estados Unidos, por lo que Alain fue liberado.
Lo cierto es que para muchos inmigrantes ilegales, desde el lunes 20, será muy difícil su estadía durante la administración Trump.
Por Kristina Cooke y Ted Hesson
Agencia Reuters