Por Luis Eduardo Meglioli – Periodista
La última liberación de presos bajo el régimen chavista de Venezuela fue el pasado domingo 25 de enero y en un número de 104 individuos, sin que aparezcan en esos registros los argentinos secuestrados en los dos últimos años en Caracas.
Estos datos fueron aportados por el Foro Penal, la organización de derechos humanos venezolana que asiste legal y gratuitamente a personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares. Primero se habló de 80, luego de 104 y forman parte de los 626 liberados desde el mes de diciembre, según el gobierno venezolano, hoy al mando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La cantidad de argentinos bajo prisión por razones políticas son cinco, aunque uno de ellos ya fue liberado. Se trata de Yacoov Harari (argentino-israelí), que pasó quince meses entre rejas y al salir en libertad declaró haber vivido meses “tremendos” durante su detención.
Esperan aun Nahuel Agustín Gallo, detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia, y acusado de espionaje, aunque sin pruebas; Germán Giuliani, Gustavo Gabriel Rivara y Roberto Baldo, detenidos entre finales de 2024 y primeros meses de 2025, todos encerrados en distintos centros clandestinos del chavismo.
Gallo, gendarme; Giuliani, abogado penalista; Baldo, gastronómico, arrestado junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern; y Rivara, jubilado, fueron detenidos por policías que se presentaron como pertenecientes a la “Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM)”. Mientras se desconocen las prisiones de la mayoría de detenidos se sabe que Rivara fue recluido en el peor espacio de encierro de Venezuela, un lugar conocido como El Helicoide y denunciado por organismos internacionales como un centro de detención al estilo nazi. Precisamente, se han documentado informes que muestran las condiciones de hacinamiento del lugar, ya que incluye “aislamiento, tortura y restricciones extremas a la comunicación”, sintetizado como un centro de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sin contacto con sus familias ni acceso a abogados”.
El reclamo del gobierno argentino viene del año pasado, pero no ha tenido ninguna respuesta después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Mientras tanto, el reclamo del gobierno argentino viene del año pasado, pero no ha tenido ninguna respuesta después de la violenta captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, que se mantenía en el poder contra todo razonamiento legal tras haber perdido las elecciones presidenciales del año pasado. No obstante, como se sabe, su captura fue concretada violando el derecho internacional público y en el marco de la operación “Determinación Absoluta” liderada por autoridades de los EEUU.
La ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no ha enviado ninguna señal ante los reclamos argentinos. El gobierno de Javier Milei, a través de Patricia Bullrich, expresó su repudio a las detenciones y exigió la liberación. Bullrich hizo varios reclamos públicos mientras se desempeñaba como ministra de Seguridad y ahora como senadora. En ellos expresaba que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y “como en toda dictadura, la información real se oculta, ya que se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”.
Mientras tanto, para el director del citado Foro Penal, Alfredo Romero, la cifra de liberados “puede aumentar cuando avance el proceso de verificación”, que es como llama la dictadura venezolana a la selección arbitraria que hacen para la puesta en libertad de prisioneros. A su vez, familiares de los argentinos secuestrados han solicitado al Vaticano que intervenga el Papa León XIV. Para ello se produjo una concentración en la sede de la Nunciatura Apostólica Vaticana, que es la embajada del Papa en Argentina, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena de la Capital Federal. Allí pidieron se transmita al Pontífice romano un pedido formal de intervención para pedir y obtener la liberación de los presos por razones políticas. Como queda dicho, el gobierno argentino denunció el caso como el de una clara violación a los derechos humanos y consideró a los detenidos como desaparecido ilegales, pero su presión ante Venezuela y organismos de derechos humanos internacionales no ha sido suficiente hasta ahora, dado los resultados obtenidos. La situación creada partir del 3 de enero pasado, sin Maduro en el poder, permite a Argentina reclamar por todos los medios posibles hasta lograr la liberación de sus ciudadanos.