Cuando ya se han oído en la provincia quejas de choferes sobre su exposición al crimen y medidas urgentes, este lunes ingresará un proyecto de ley en la Cámara local para autorizar a los permisionarios de taxis, remises y transporte público de pasajeros en general (micros de corta y media distancia) la utilización de videocámaras para grabar imágenes en el interior de los vehículos, con fines de seguridad.
La idea se mete con un tema delicado, como es el uso de las filmaciones en relación con el derecho a la intimidad de las personas. El proyecto no especifica sobre si la adquisición del equipamiento queda a cargo del permisionario o del Estado, pero pone como autoridad de aplicación de la ley al Ministerio de Gobierno.
La iniciativa es de autoría del bloquista Edgardo Sancassani, quien fundamenta que "la utilización de videocámaras en el interior de vehículos puede ser un instrumento útil para la prevención y represión de los delitos a los que la actividad se encuentra expuesta". Pone como ejemplo, para imitar en San Juan, la experiencia piloto realizada en la Ciudad de La Plata, donde instalaron en 30 taxis cámaras de seguridad. El mecanismo de este caso prevé que las cámaras, ubicadas junto al espejo retrovisor, comiencen a filmar a quienes sean considerados "sospechosos" cuando los taxistas opriman el "botón de pánico", siendo éste un pulsador que al mismo tiempo envía señales de alerta hacia el operador de la empresa de seguridad que presta el servicio o fuerzas policiales.
Sancassani sostiene que usar videocámaras puede operar en un doble sentido: como disuasorio al momento de intentar cometer un delito o para permitir la identificación para la captura de los autores del ilícito.
Con el estudio del proyecto entra en discusión la regulación de la utilización de las imágenes y el concepto de confidencialidad. A nivel internacional hay normativa sobre el tema y también existe una ley nacional, la 25.326, que fija la protección de los datos personales. Esta última, obliga la inscripción en un registro de todo archivo, base o banco de datos público o privado destinado a proporcionar informes, y dispone requisitos mínimos para su utilización.
Sancassani cita en el proyecto principios a tener en cuenta como la proporcionalidad -que la información no exceda su finalidad-, información al público -comunicarle a la persona que la están filmando- y no afectación a la privacidad. Así, la iniciativa local, entre otros puntos, fija en su artículo 3ero. que no se podrán tomar imágenes del interior de propiedades privadas distintas al vehículo al que fueron colocadas, salvo con autorización judicial y cuando se afecte en forma directa, grave y sin justificación la intimidad de las personas. También prohíbe captar sonidos, salvo que el conductor esté siendo víctima de un delito y mediante el botón de pánico los transmita a la empresa de seguridad o policía.