Al menos unas diez empresas en San Juan deberán compartir parte de sus ganancias con sus empleados en caso de que se apruebe un proyecto de ley que pertenece a Héctor Recalde, diputado nacional kirchnerista y asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La iniciativa legislativa nacional involucra a empresas que tienen más de 300 trabajadores. Tras afirmar que no hay relevamientos oficiales al respecto, desde la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios de la provincia calculaban ayer que "son como diez las empresas que tienen más de 300 empleados", sin precisar cuáles.
Sin dar mayores precisiones, la firma de productos farmacéuticos Monte Verde S.A afirmó que cuenta con 650 trabajadores en San Juan. Mientras que Cerámica San Lorenzo (ex Scop) respondió a DIARIO DE CUYO que tiene 340 empleados, desde la fábrica de juntas para automotores Taranto reconocieron que cuentan con un staff de 450 personas.
"Lo que pasa es que las industrias no están obligadas a declarar cuántos empleados tienen. Por eso es difícil tener un relevamiento oficial. Los datos que se conocen se han recavado recorriendo a pulmón empresa por empresa", coincidían desde la Secretaría de Industria.
En principio, la iniciativa apunta a que estas empresas repartan con sus empleados un 10 por ciento de sus ganancias no reinvertidas, destinándose una pequeña parte sin precisar a los trabajadores "en negro". Recalde detalló que la distribución de ganancias estaría contemplada para empresas de más de 300 trabajadores, pero también para empresas pequeñas que "por su alta tecnología tienen pocos trabajadores, pero alto nivel de ganancia".
Consultados acerca de la conveniencia o no de este proyecto, pudo advertirse cierto hermetismo de gerentes sanjuaninos que prefirieron no participar del relevamiento telefónico de DIARIO DE CUYO. Desde distintos medios porteños se viene advirtiendo que "los empresarios se muestran preocupados no sólo por el impacto que tendría esta medida para sus finanzas corporativas sino también porque esto implicaría exponer abiertamente los números de la firma a los trabajadores a través de lo que se conoce como el balance social", publicó la edición digital del periódico Infobae.
Este balance social que deben exponer las empresas tiene que contener información relativa a las condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa.
"No lo he evaluado. Diez por ciento me parece mucho, nunca lo pensé" dijo Carlos Jurajuría, el presidente de la fábrica de mazos de cables TCA, que cuenta con 450 empleados en San Juan. Este proyecto "puede comprometer mas a los empleados si es para beneficio propio. Esto puede generar que el empleado se entusiasme y tenga mayor dedicación. Sería un aspecto positivo. Lo negativo sería la dificultad de administrar esto", agregó Jurajuría, el único directivo que se animó a participar de la consulta.
La firma Frutos de Cuyo, del grupo Arcor, es otra de las compañías con más de 300 empleados en San Juan, aunque no dieron más precisiones al respecto, al igual que voceros del proyecto minero Gualcamayo.
Desde la CGT sanjuanina, el secretario general Eduardo Cabello, ya había dicho que "en 1974 el 50 por ciento de la riqueza se la llevaban los trabajadores. Hoy, claramente no es así. La idea es recuperar, un poco al menos, el poder adquisitivo para no quedar tan lejos de la canasta básica de alimentos", aclaró en alusión a la iniciativa que anoche ingresó por mesa de entrada a la Cámara de Diputados.