Que los juicios contra el Estado se paguen una vez que tengan reservada una partida en el presupuesto provincial. Esa es la idea que quiere plasmar en una ley el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, con el objetivo de evitar que las cuentas públicas sufran sobresaltos por efecto de las sentencias en contra que se deben ejecutar de un día para el otro y obligan a meter mano a plata que originalmente estaba destinada a otra cosa. La norma establecería un mecanismo para ordenar los pagos y ya se aplica en algunos otros distritos del país y de acuerdo a lo que dijo el funcionario, el gobernador José Luis Gioja y el ministro de Hacienda, Francisco Alcoba, están de acuerdo y quedaron en analizarlo.
Según la información oficial, la mayoría de los juicios de contenido económico que son perdidos por el Estado se están pagando actualmente. Y si bien la provincia puede invocar la ley de emergencia económica para esquivar embargos y preservar las cuentas, no se puede hacer en todos los casos. De todos modos, De Sanctis aseguró que “la intención de una nueva ley no es no pagar ni demorar las cosas, sino ordenar los pasivos de orden judicial y cumplir con todos en un marco que dé previsibilidad”.
El plan consiste en crear por ley un sistema de pago de los juicios que pierda el Estado, estableciendo que no se podrían abonar hasta que se prevea una cifra específica en el presupuesto. ¿Cómo sería? Se fijaría una fecha tope en el año (podría ser agosto o septiembre, cuando comienza a elaborarse el proyecto de presupuesto) para que las personas o entidades de cualquier tipo que le ganen una demanda a la provincia, se presenten en la Fiscalía de Estado y en el Ministerio de Hacienda e inscriban el juicio y la sentencia que los declaró airosos. Y con esa información, una vez constatada, Hacienda haría las previsiones y contemplaría en el próximo ejercicio las partidas para hacerle frente a esos litigios.
La finalidad es que no aparezcan sorpresas que puedan causar dolores de cabeza en la administración de los recursos. El fiscal de Estado aseguró que hay antecedentes de sentencias que se tuvieron que pagar en plena ejecución presupuestaria, lo que obligó a sacar dinero de partidas que estaban comprometidas para otros compromisos. Y frente a los miles de juicios que tiene en su contra la provincia, es una amenaza constante.
Existe una larga serie de procesos millonarios contra el Estado a la espera de tener resolución, como el de Fornasari, la demanda por los fallecidos en el dique Cuesta del Viento y los honorarios del caso Soto, entre muchos más de igual o más envergadura. A esos se agrega la reciente sentencia de la Corte Suprema condenando al Estado sanjuanino a pagarle unos 20 millones de pesos a la firma Harza por la construcción del dique de Ullum y justamente el planteo del fiscal fue que se empezará a pagar en 2015, cuando se reserve el monto en el presupuesto.
El Gobierno giojista y los que lo antecedieron han destinado un monto para pagar juicios en el esquema anual de gastos, pero es una estimación que no siempre alcanza. Con una ley, aseguró De Sanctis, “nosotros controlamos que cada proceso que se anotó tenga sentencia firme y liquidación, se determinarían partidas específicas y el Estado sabría exactamente cuánto es la deuda a afrontar”.
La misma metodología se está aplicando en Corrientes, Mendoza y San Luis, además del Estado nacional. De esas jurisdicciones podrían surgir detalles para elaborar la ley local. Entre otros, cuál es la fecha de corte más conveniente y si sería para todos los juicios o habrá excepciones por monto y naturaleza.