La sanción de una ley que obligue a las grandes empresas mineras que actúan en la provincia a contratar mayoría de proveedores locales, para que la actividad deje el grueso de sus dividendos en la sociedad sanjuanina. Esa es la iniciativa que dijo el diputado nacional Daniel Tomas que promoverá en la Legislatura provincial y rápidamente ganó la adhesión de la Cámara Minera (CM) que agrupa a todas las firmas de la actividad, y la Cámara de Servicios Mineros (Casemi). Desde los dos sectores coincidieron en que las empresas foráneas se llevan los contratos más jugosos, en especial de Pascua-Lama.

La iniciativa de Tomas se da en un contexto particular. Hace casi dos semanas que se sancionó la ley de glaciares nacional que atenta contra la minería, lo que llevó a que algunos actores locales (CGT, Casemi, entre otros) se quejaran por el poco compromiso social para salir a defender la actividad. Inclusive, cuando la norma fue sancionada, el gobernador pidió por cadena provincial que "no me dejen solo" en la pelea por consolidar el desarrollo minero.

El disparador de Tomas para buscar mayor participación local en los grandes emprendimientos de oro y plata es, justamente, la "falta de compromiso" de la gente. Según el diputado, que preside la Comisión de Minería en la Cámara Baja del Congreso, "la gente no se involucra con la minería porque no termina siendo parte, hay muchas empresas sanjuaninas trabajando, pero hay que buscar un mecanismo para que sean más y el derrame quede mayormente aquí".

Por ahora, no hay nada escrito. Sin embargo, el giojista anticipó que la idea es obligar por ley a las grandes empresas -Barrick, Yamana Gold y Troy Resources son las más importantes- a que contraten un porcentaje mínimo de proveedores y obreros sanjuaninos. Y dijo que los detalles finos -porcentaje y eventuales sanciones por incumplimientos- saldrán de una reunión con las cámaras del sector, primero, y con los diputados del bloque PJ después, para que hagan propio el proyecto.

Hoy, ya hay un instrumento que intenta acomodar las cargas a favor del sector privado provincial. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada emprendimiento dice que tendrán preferencia los proveedores locales, pero es una expresión voluntaria de las grandes mineras. Según Tomas, con una ley sería una obligación taxativa.

El gerente de la Casemi, Alejandro Donna, definió la propuesta de "fantástica". No hace mucho, los asociados a esta cámara le reclamaron al gobierno que interceda ante Barrick, para que les adjudique los contratos más importantes de Pascua-Lama y la minera replicó mostrando 70 a favor de firmas sanjuaninas, pero sin cuantificarlos. Donna insistió en que "venimos advirtiendo que en montos hay mucha más participación de empresas de afuera, que de la provincia" (Ver aparte).

Las quejas de Tomas habían generado un cruce con Ricardo Martínez, uno de los integrantes de la CM. Pero ayer, su presidente, Jaime Bergé, anticipó que acompañarán la idea y también puso a Pascua-Lama de ejemplo: aseguró que en ese emprendimiento "la mayoría se lo llevan empresas de Chile, Canadá, nacionales y de Mendoza".

El que no opinó fue el secretario de Minería de la provincia, Felipe Saavedra, que no contestó los llamados de este diario.

Veladero, Gualcamayo, Casposo y Pascua-Lama son los principales emprendimientos de oro y plata con asiento en San Juan y significan miles de millones de pesos en inversión. La explotación de los dos primeros ayudó en gran medida a que San Juan se convierta en la vedette de las exportaciones argentinas, ya que tuvo un incremento extraordinario que superó el 450 por ciento.