Fuera de la plata del Plan Federal, hay un plan al que pueden echarle mano los municipios para construir viviendas por intermedio de cooperativas, que es el Programa Federal de Emergencia Sociocomunitaria (ex Plan de Emergencia Habitacional). En los últimos 6 años, durante la gestión giojista, la Nación ha asistido a casi todos los municipios con un total de 984 casas, con una inversión cercana a los 59 millones de pesos, según dijo el coordinador general del Plan de Viviendas Económicas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Victor Ayestarán.
Hoy están trabajando con el sistema -con diversos grados de avance- 14 municipios. En el IPV dijeron que el ranking de cantidad de casas construidas lo lidera Albardón, con unas 500, seguida de 25 de Mayo (114), San Martín (88), 9 de Julio (80) y Rawson (64).
El plan implica que cada municipio pone el terreno -cuyo dominio transfiere al IPV para que luego pueda escriturar las casas- y la infraestructura (levantamiento del terraplén, apertura de calles, agua potable, etcétera) y la Nación pone la plata para la mano de obra y el material. El programa tiene un componente social porque se maneja con cooperativas de trabajadores del lugar donde se construyen las viviendas.
El trámite se inicia cuando el municipio ingresa el proyecto en la Secretaría de Viviendas de la Nación, que requiere el aval del Instituto Provincial de la Vivienda. Al municipio concurren cooperativas o el municipio coordina su armado, las que deben estar inscriptas en la Dirección de Cooperativas y realizan un contrato de obra. Cada cooperativa construye cuatro viviendas por etapa y cada construcción de barrio tiene un promedio de 6 meses de obra.
Por otro lado, a cada cooperativa por cada convenio que haga, la Nación les otorga un subsidio de 10 mil pesos para que compren herramientas y equipos que se amortizan con el uso en la vivienda pero quedan para los trabajadores, con la idea que sigan trabajando en otras construcciones, públicas o privadas.
La plata -de las viviendas y el subsidio aparte- llega desde la Nación al IPV, que transfiere el dinero a los municipios paulatinamente: al inicio, el 50% de los fondos; cuando la obra va por el 25%, se da 30% más de plata y cuando la obra va por el 40% se da el 20% restante. Por cada vivienda el año pasado se daban unos 60 mil pesos y este año son 80 mil. La rendición se hace de cooperativa a municipio, de municipio a IPV y de IPV a la Nación, en lo que hasta ahora no ha habido problemas, dijo Ayestarán.
Según el funcionario, los municipios de Albardón, Angaco, 9 de Julio, Santa Lucía, Caucete y 25 de Mayo tienen proyectos en ejecución en este momento. Rawson y San Martín acaban de terminar uno y están por empezar otro. Chimbas y Rivadavia están esperando que resuelvan expedientes. Zonda, Ullum, Calingasta y Sarmiento están iniciando carpetas para entrar en el plan. Y Pocito construyó 48 viviendas entre 2004 y 2006 y no adhirió más a la propuesta.
Según Ayestarán, en general no hay retrasos de fondos nacionales y pueden presentarse esporádicos baches administrativos que se compensan con la puesta en marcha de programas menores para no perder el ritmo de trabajo. La idea es que los municipios sean ordenados para que las cooperativas no paren y se consoliden. Por ejemplo, deben preparar los proyectos con varios meses de anticipación para que no haya imprevistos.