Frente a una crítica de la referente en la provincia de la Asociación de Amas de Casa del País, Laura Vera, quien se había quejado porque el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) no cumplía con su rol de defensa de los usuarios, el organismo de control la intimó ayer por nota para que rectifique sus dichos por considerarlos "falaces y agraviantes". En el caso de no hacerlo dijeron que habrá acciones, que no especificaron. La dirigente, con el asesoramiento de un abogado que colabora con la entidad, Renzo Quero, dijo que se trata "de un intento de frenar la libertad de expresión". Y que continuará con las medidas, como escraches similares al que encabezó ayer frente a las oficinas de la calle Laprida.

En la nota de intimación del EPRE, que lleva las firmas del presidente Jorge Rivera Prudencio, del vicepresidente Oscar Trad y del vocal Roberto Ferrero le comunican a Vera que "rectifique sus dichos difundidos en contra del EPRE, como institución y de los miembros del directorio "por su falsedad e inexactitud".

El abogado Quero sostuvo que, según su análisis, el EPRE no tiene facultades como para pedir que Vera se retracte. "Está excediendo sus facultades", dijo el abogado.

Una propuesta de las Amas de Casa del País es la privatización de Energía San Juan.

El origen del conflicto fueron las declaraciones de Vera en la edición del martes 19 del diario El Zonda, en la que habló de la necesidad de realizar "cambios profundos" en el EPRE porque se había convertido en una "gerenciadora" con referencia a Energía San Juan y que había dejado de cumplir su función de ente regulador.

La dirigente, junto a la Federación Nacional Territorial y la CTA Autónoma viene llevando adelante una campaña por los altos costos de las boletas de la luz y los cortes a los usuarios que no las pueden pagar. Incluso le pidió por nota al EPRE que tramite ante la prestadora del servicio, Energía San Juan, que se suspendan los cortes en los suministros por 90 días, hacer planes de pago acordes a las posibilidades de los usuarios y que se verifiquen los consumos que aparecen en las boletas, porque son superiores a lo que utilizan efectivamente algunas familias.

No es la primera vez que hay quejas por la tarea del EPRE sino que también el diputado nacional Walberto Allende se quejó porque no le habían respondido a un pedido de informes sobre los datos de cortes del servicio a los usuarios (ver aparte).

En el caso de Vera viene liderando las protestas por el grave problema de los altos costos de las boletas de la luz y la imposibilidad de muchos usuarios de poder afrontar los pagos. Incluso ayer, junto a representantes de las otras dos entidades, realizaron una marcha que incluyó escraches a la empresa Energía San Juan, sobre la calle Mendoza, y luego también frente a las oficinas del EPRE de calle Laprida.

"No puede ser lo que está pasando porque según nuestros datos, desde mayo del 2016 hasta ahora el costo de la electricidad ha aumentado más del 3.000 por ciento", dijo Vera. Y sobre el accionar del EPRE sostuvo que "decimos que son parciales en la toma de decisiones porque no les interesa que la gente pague menos". Y agregó que "no son correctas las medidas que toman y encima Rivera Prudencio nos dijo que la gente derrocha electricidad".

Unas de las salidas que propone la dirigente para cambiar el estado de las cosas es la privatización de Energía San Juan. "Es necesario que haya una mayor presencia de los intereses de los usuarios", argumentó la titular de la Asociación de Amas de Casa del País.

Vera adelantó que tienen previsto continuar con los escraches a ambas instituciones.

Queja por la falta de datos

En medio de la campaña que viene llevando adelante el diputado nacional Walberto Allende (PJ) en reclamo por los altos costos de las tarifas eléctricas y los cortes a los usuarios que no pueden pagar el servicio, se mostró molesto días atrás con un informe parcial del EPRE sobre interrupciones del suministro a los usuarios. "Está incompleto, falta información y no era lo que esperaba", dijo el legislador, en alusión a la ausencia de datos comparativos del año pasado y el detalle de cortes por departamentos. El organismo le entregó un informe parcial, con datos del retiro de medidores a los usuarios, un trámite que se produce si el propietario del inmueble no pide que le restablezcan el servicio cuando le han cortado la luz. Según esos datos, de enero a octubre de este año, se han retirado medidores de electricidad a 4.277 usuarios, de los cuales 4.035 son residenciales y los 242 restantes son comercios y pequeñas empresas. Agosto, con 607 casos, fue el mes récord en medidores retirados por falta de pago, mientras que el mes pasado la cifra cayó a 264 casos. Allende había solicitado en octubre un informe del padrón de morosos y de cortes de servicios por falta de pago, del año 2018 y lo que va del 2019, con el detalle discriminado por departamentos tanto para usuarios particulares, comercios, establecimientos industriales y agrícolas.