El golpe de alto impacto que impuso Brasil a la industria automotriz argentina terminó perjudicando de rebote a San Juan. Es que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff le puso trabas al ingreso de vehículos y autopartes nacionales, obligándolas a tramitar licencias de exportación que demoran entre 60 y 90 días, y que dejó en jaque a dos firmas locales, que en total aglutinan a casi 1.000 empleados: Taranto, que hace juntas de sellado para motores y TCA, que fabrica mazos de cable.

Desde la Unión Industrial de San Juan (UISJ) tildaron la situación como "muy preocupante". Hace 2 años, una medida similar complicó el envío de pasas de uvas sanjuaninas, que luego de intensas negociaciones, se revirtió.

Los directivos de la firma Taranto y TCA, que están atentos a la letra chica de la resolución brasilera, se mostraron ayer muy preocupados. "Hay que ver bien las consecuencias que vamos a tener. Nosotros como TCA no exportamos directamente a Brasil, sino que va al mercado interno que envía esos vehículos a Brasil. Es por eso que con esta restricción nos vamos a terminar viendo muy perjudicados. O sea, no en forma directa pero sí indirecta nos va afectar una eventual caída en la fabricación de autos, al punto de tener que rever el ritmo de producción", dijo Luis Marcial, Director de TCA, que por mes fabrica unos 110 mil mazos de cable para la industria automotriz.

Mientras que para Taranto, que envía el 55% de su producción a Brasil, la medida resultaría prácticamente catastrófica: "Estamos viendo los alcances e interiorizarnos de toda la situación, aunque por ahora hay hermetismo, pero lo que queda claro es que Brasil es nuestro principal cliente y una medida como ésta nos puede traer muchos problemas en la comercialización", explicó Javier Adaro, Gerente de Calidad de la firma. Unos dos camiones por mes, con distintos artículos de sellado del motor (juntas, retenes, etc), cruzan la frontera noreste del país.

La dura postura carioca es en clara represalia a la batería de medidas proteccionistas que dispuso la Secretaría de Comercio -comandada por el polémico Guillermo Moreno- y que incluyó 576 productos, muchos de ellos de origen brasileño. El negocio que está en juego ronda los 7.000 millones de dólares, sabiendo que el 80% de los vehículos que salen del país van a Brasil y en el caso de las autopartes, alcanza el 65%.

"Es realmente muy preocupante, porque Argentina es mucho más "brasildependiente’ de lo que muchos creen en este país. Y además, estas decisiones no sólo traccionan en contra del sector autopartista sino inevitablemente en otras ramas. Esto es un retroceso y espero que se revierta", reflexionó ayer Roberto Carmona, presidente de la UISJ. Y agregó, "esto se tiene que destrabar pronto, porque son nuestro principal socio". Carmona, que es directivo de Electrometalúrgica Andina, dijo que "nosotros como empresa que le vendemos fundidores a firmas autopartistas, indirectamente también nos va a perjudicar".

En las esferas provinciales se sienten con las manos atadas, de acuerdo a que todo depende de la "muñeca" para negociar que tenga la Casa Rosada. "La provincia en esto poco y nada puede hacer, sólo recepcionar las quejas de las empresas que se vean perjudicadas y trasladarlas a la Nación. Llegó el momento de sentarse a negociar a través del Ministerio de Industria de la Nación y de la Cancillería argentina", dijo la secretaria de Industria sanjuanina, Sandra Barcelo. El diálogo se entablaría la semana que viene -un funcionario brasileño aterrizaría en el país para zanjar diferencias- pero para que haya un marcha atrás del vecino país, el gobierno nacional tendría que ceder, algo que por ahora parece lejano, de acuerdo a los dichos -vía misiva- con los que se despachó la ministra de Industria Argentina, Débora Giorgi (ver aparte) y que le pusieron más pimienta a la ya tensa relación comercial entre ambos países.