Finalmente, la Corte de Justicia de San Juan definió que el juez que debe hacerse cargo de la megacausa de las expropiaciones es Maximiliano Blejman, del Cuarto de Instrucción, según aseguraron desde el área de Relaciones Institucionales del máximo tribunal. El magistrado tendrá el expediente en sus manos (no confirmaron desde cuándo), al menos, hasta que María Inés Rosselot, titular del Quinto de Instrucción, regrese de su licencia médica, el 25 de este mes, o hasta que exista requerimiento fiscal contra el exjuez Carlos Macchi, ya que en ese caso se inhibiría por tener amistad con él y su familia. El caso lleva dos meses parados y hay medidas pendientes que son vitales para la investigación.
La llamada megacausa, la investigación sobre una presunta red de jueces, abogados y funcionarios que inflaban el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para sacarle millones de pesos a la provincia, se quedó sin un magistrado que la impulse debido a que fue difícil encontrar alguien que reemplace a Rosselot. Los 2 primeros nominados, Pablo Flores y Guillermo Adárvez, del Segundo y Tercero de Instrucción, se inhibieron esgrimiendo razones de amistad con una de las imputadas. Así, el expediente recayó en el juzgado de Blejman, quien rechazó su intervención porque entendió que debía actuar el Primero de Instrucción, a cargo de Benito Ortiz. Y este último consideró que debía ser su colega. Ante ese problema de competencia, la Corte de Justicia fue la encargada de resolver la disputa.
De esa manera, el trámite de la compleja y voluminosa causa del escándalo judicial estuvo frenado y tiene varios temas pendientes de resolución. Entre ellos se encuentra el planteo de nulidad presentado por la defensa de la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio y el pedido de sobreseimiento que esgrimió la abogada del exfiscal de Estado Mario Díaz, ambos procesados. A eso se suma que se tiene que tomar la indagatoria de Horacio Alday (exsocio del abogado Santiago Graffigna, implicado como organizador de una asociación ilícita) y las testimoniales del caso Suraty (la sospechosa cesión de derechos de juicios de expropiaciones que Graffigna recomendó que hiciera la Sociedad San Vicente de Paul a terceros) y del expediente Basañez (un irregular juicio de expropiación que llevó adelante el abogado sospechado). Además, también tiene que resolverse un planteo de eximición de prisión que planteó Macchi, el magistrado que fue destituido por cometer graves irregularidades en 5 juicios de expropiaciones y que está denunciado penalmente.
La tarea de Blejman se podría extender, ya que Rosselot se está por jubilar. Cuando se retire, mientras se designa a su sucesor, la Corte puede nominarlo a él, a Ortiz o a algún juez Correccional, explicaron en Tribunales.
El máximo tribunal dispuso que Blejman sea quien tome ahora las riendas del expediente, aunque no trascendieron sus fundamentos. Al llegarle el caso, el titular del Cuarto de Instrucción sostuvo que desde un principio se salteó el orden de subrogancia, debido a un error procesal involuntario, y que debía entender su par Ortiz, del Primero de Instrucción, para evitar nulidades. Sin embargo, éste señaló que fue el máximo tribunal el que fijó el orden de subrogancia, el cual debe respetarse y que no puede ser modificado por un juez de primera instancia.