El juez Carlos Macchi no podrá volver a su trabajo, al menos temporalmente. Contra él hay un proceso de destitución en marcha por su participación en el escándalo de las expropiaciones y ayer, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento resolvieron suspenderlo como magistrado hasta determinar si lo remueven o no del cargo. El tribunal dictó la medida por iniciativa propia, pero está en sintonía con lo que habían pedido el fiscal de Estado y el fiscal General de la Corte subrogante, que coinciden en que hay causales suficientes para que no siga ejerciendo la magistratura.
La suspensión fue resuelta en horas del mediodía y tiene aplicación inmediata. Significa que Macchi está separado del cargo desde ayer mismo y que mañana (hoy es feriado) no podrá volver a ocupar el sillón del Juzgado Civil Nº 5. La medida se mantendrá hasta que finalice el Jury que se disparó en marzo, cuando el fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, denunció al magistrado por haber cometido severas irregularidades en polémicos juicios de expropiaciones y ayudar a que se consume un escandaloso perjuicio contra el Estado sanjuanino.
La suspensión salió con la firma de los cinco integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, es decir el cortista Juan Carlos Caballero Vidal, los abogados Pablo Ramella y Carlos Lima, y los diputados Marcela Monti y Pablo García Nieto. En la práctica significa que todos consideraron que el mejor camino es que Macchi no continúe ejerciendo el cargo hasta que se resuelva su situación y se despejen las dudas que hay sobre su accionar.
Los miembros del Jurado no dieron argumentos. Sin embargo, fuentes calificadas aseguraron que la medida lleva varias cuestiones implícitas. Una es que se trata de una persona sospechada en sus funciones y mientras dure el proceso que determinará si es culpable o inocente, hace falta garantizar imparcialidad y equilibrio en la tramitación de las causas del Juzgado Civil Nº 5. Otra radica en que en ese organismo hay muchas pruebas que podrían ser requeridas para el Jury y hace falta preservarlas.
El puesto de Macchi será cubierto en forma alternativa por los demás jueces del fuero Civil, para que las causas de su juzgado no se vean demoradas. Los reemplazantes actuarán en calidad de subrogantes y serán designados por la Corte de Justicia, que debe garantizar la continuidad del servicio de Justicia.
Macchi quedó en el ojo de la tormenta por cuatro causas que se tramitaron en su Juzgado: las expropiaciones de 5 hectáreas del Parque de Mayo, 2 hectáreas del Canal Benavídez, una esquina de casi 1.500 m2 ubicada en Desamparados y un lote de unas 9 hectáreas en Cuesta del Viento. En todos los casos, el abogado de los expropiados, fue Santiago Graffigna, el principal sospechoso de usar las expropiaciones para estafar al Estado en millones de pesos.
Según la denuncia que hizo De Sanctis, el juez falló en esos juicios por valores que son “irrazonables” e inflados “hasta la desmesura”. Además, dice que dejó pasar decenas de anomalías, que se puso de acuerdo con Graffigna, que entre ellos hubo “connivencia” y que todo estuvo “dirigido con intención y voluntad a producir sentencias que conllevan a un despojo monumental de los recursos públicos”.
Basado en esas presuntas irregularidades, De Sanctis lo acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento y le endilgó las causales de destitución de incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta. Más tarde, el fiscal General de la Corte subrogante, Eduardo Mallea, también lo acusó por las mismas razones, aunque le adosó cometer delitos en el ejercicio de sus funciones. Y los dos coincidieron en plantearle al Jurado que Macchi tenía que ser suspendido.
Con las acusaciones en su contra, Macchi tendrá que enfrentar un juicio oral y público para decidir su suerte. Y hasta que no se resuelva, seguirá suspendido. Si es removido, abandonará su cargo en forma permanente. De lo contrario, deberá ser restituido.
El magistrado es tan sólo uno de los apuntados en el tema expropiaciones. El escándalo explotó en el año 2010 por una denuncia penal que hizo la gestión giojista ante la sospecha de que una red de abogados, jueces y funcionarios coordinó acciones para inflar el valor de los inmuebles y así, estafar en cifras millonarias a la provincia. La causa está en trámite en el Juzgado de Instrucción Nº 5 y tiene en la mira a 12 personas más, entre ellos Graffigna, la exjueza Rosalba Marún, el abogado Horacio Alday, seis exintegrantes del Tribunal de Tasaciones y el exfiscal de Estado Mario Díaz. En caso de ser destituido por el Jurado de Enjuiciamiento, ya sin fueros, Macchi podría ser sometido también al proceso penal.