La falta de cosechadores de uva que tiene a mal traer la recolección en las fincas sanjuaninas y mendocinas también, tuvo esta vez un fuerte impacto a la hora de negociar el precio de referencia de la gamela de uvas criollas o comunes, ubicandolo en $1,95 de bolsillo, casi 50 centavos más que hace un año, que tendrá vigencia hasta el mes de febrero del mes entrante. Es según el gremio FOEVA uno de los acuerdos más importantes de la última década.

Pero no queda ahí, porque en aquellos viñedos donde la mano de obra se complica aun más, ese "piso" pasa a $2,10 o $2,30 -generalmente lo negocia el jefe de cuadrilla con el dueño de la tierra-, dependiendo en gran parte de como esté la finca al momento de la cosecha -parrales con poca uva, terreno, etc-. También hay fincas con uvas finas -de menor volumen total y con algunas exigencias especiales de recolección- que se han llegado a pactar hasta 3,50 y 4 pesos por un tacho de uva.

Desde la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA), todavía son cautos con estos valores, porque están a la espera de cómo será la liquidación, porque en un principio serían los $1,95 netos de bolsillo -lo que le queda en mano al obrero-, es decir $2,35 en bruto, que incluyen el proporcional de SAC (8,33%), el de licencia y el aporte de seguridad social.

A diferencia del año pasado que se acordó recién el 30 de marzo, con la cosecha prácticamente culminada, esta vez el acuerdo llega en medio de una cosecha que está un 30% atrasada con respecto el mismo periodo del año pasado, que ya tenía una mora importante. Este escenario, resulta más provechoso para el cosechador porque ya en esta temporada posiblemente verá mejorada su renta aunque todavía falta la homologación del acuerdo, algo que ocurrirá seguramente el próximo miércoles, según dijo Carlos Ozán, de FOEVA.

Los problemas para conseguir trabajadores que recolecten la uva no es un tema nuevo -otros sectores también lo padecen- y en el sector empresario local dicen que todo empezó con la batería de planes sociales que lanzó el gobierno nacional en la última década. Los planes Jefes de Hogar fueron el primer escollo que en el 2003 empezó a tener la cosecha, porque en un principio quien tenía el beneficio social no podía trabajar, excepto que lo hiciera en negro, porque sino de inmediato se le daba de baja. En el 2005 se modificó y el plan se suspendía sólo mientras dure el trabajo temporario y luego volvía recuperarlo. Pero el último "inconveniente" que dicen a viva voz los empresarios que tienen para justificar la falta de cosechadores, es el temor a perder la Asignación Universal por Hijo (AUH), que rige desde finales del 2009 y que sólo en un principio fue restrictiva. Hoy ya no lo es, según expresó la mismísima presidenta de la Nación Cristina Fernández en la última Fiesta de la Vendimia en Mendoza.

Sin embargo, por parte del gremio FOEVA y el propio Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), argumentan que algunos empresarios sacan tajada de este miedo a perder la AUH que tienen los obreros y dicen que resulta ser la excusa ideal para tenerlos en "negro".