Frente a los insistentes reclamos de los estatales, las autoridades del Gobierno provincial se reunieron ayer con los gremios del sector y les ofrecieron por única vez una suma fija de 2.500 pesos para cada trabajador, a pagar en tres veces. Algunos dirigentes sindicales se mostraron conformes y otros fueron cautelosos, aunque todos coincidieron en que darán una respuesta hoy mismo en función de lo que digan las bases. Paralelamente, el Ejecutivo anunció una ayuda económica a los municipios para que atiendan los reclamos de sus empleados.

El encuentro se dio en un contexto difícil, antecedido por fuertes reclamos de los estatales en busca de una mejora de haberes y el pago de un plus para fin de año. Luego del aumento que el Ejecutivo les dio a los efectivos policiales el fin de semana, los trabajadores salieron a pedir el mismo trato y se sucedieron las protestas, principalmente en el Centro Cívico.

Como ya se sabía desde el miércoles, los representantes de los gremios UPCN, ATE, UDAP, AMET, UDA, Soeme, Sitraviap fueron recibidos pasadas las 9 por el vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo, Sergio Uñac, que estuvo acompañado por el secretario General de la Gobernación, Walter Lima, y el equipo de Hacienda que encabeza el ministro Francisco Alcoba. El encuentro duró unas 3 horas y no fue sencillo de resolver, ya que hizo falta tallar varias propuestas hasta llegar a la que se llevaron los gremialistas.

Desde ATE y UDA no quisieron adelantar opinión. Mientras que Graciela López, titular de UDAP; su par de ATSA, Alfredo Duarte, y Gabriel Pacheco, Adjunto de UPCN, coincidieron en que la oferta está a trono con las expectativas que tenían en la difícil coyuntura económica. Sin embargo, evitaron dar por cerrado el asunto y advirtieron que la respuesta depende de lo que digan los trabajadores.
Cada gremio tiene hoy asamblea, para analizar si aceptan o no la propuesta. Si dan el OK, el Ejecutivo liquidará el plus y cada agente recibirá, por única vez, un paliativo de 2.500 pesos. Según explicó ayer Uñac, 1.800 pesos se pagarán este mes, 350 pesos durante enero y los restantes 350 en febrero. A eso se suma la decisión de adelantar el desembolso del aguinaldo para el 18 de diciembre y cancelar el sueldo el 3 o 4 del próximo mes.

Por las dudas, Uñac aclaró que “este es el máximo esfuerzo que puede hacer el Estado”. En otras palabras, que se agotaron todas las posibilidades financieras y que es la única forma de satisfacer el pedido de los trabajadores sin comprometer las obligaciones que tiene el fisco para prestarle servicios a “la ciudadanía sanjuanina”.

El Gobierno les formuló la misma oferta en horas del mediodía a los representantes del Sindicato Médico y Asprosa, que nuclea a los demás profesionales de la Salud. Ellos también quedaron en contestar hoy, pero fuentes del primero adelantaron que es muy posible que la rechacen.
El adicional es para todos los agentes estatales de planta permanente, a excepción de las fuerzas de seguridad. Los policías y penitenciarios vienen de conseguir un reconocimiento de gastos por más de 3.000 pesos, más 15 por ciento de suba en adicionales y horas extras pagas en el caso de los primeros. La mejora llegó luego de una protesta policial que se dio como efecto contagio de lo que pasó en Córdoba y que derivó en el cambio de la cúpula de la fuerza sanjuanina.

El efecto dominó también llegó a los municipios. Uñac anunció que el Gobierno mandará dinero a las comunas y en la tarde se reunió con los intendentes para hablar del tema. Para definir cuánto le toca a cada uno, el Ejecutivo calculó 2.500 pesos por cada empleado de planta y los jefes departamentales tienen autonomía para repartirlo de acuerdo a sus posibilidades financieras. Además, habrá un 15% extra que podría ser para los contratados municipales.

En Hacienda dijeron que no tienen el detalle fino del gasto total que le significará al Estado el pago del plus navideño. Lo que sí se sabe es que el Gobierno pudo echar mano, entre otros recursos, a los más de 40 millones de pesos había reservado para cancelar deuda con la Nación en el primer trimestre de 2014, ya que la gestión de Cristina prorrogó tres meses los vencimientos.