La jueza de la megacausa de la expropiaciones, María Inés Rosselot, le negó la prisión domiciliaria al abogado Santiago Graffigna, procesado como el jefe de una asociación ilícita que se dedicaba a estafar al Estado, y ordenó que sea trasladado a la Enfermería del Penal de Chimbas, en un sector que se encuentra habilitado debido a que el resto está siendo refaccionado. Margarita Camus, titular del Juzgado de Ejecución Penal y quien verifica las condiciones de detención de los internos, calificó al lugar como “cómodo” debido a “la proximidad de enfermeros” y a que no existe el “hacinamiento de los pabellones, donde 3 personas están en la misma celda”.
Los abogados de Graffigna, Rolando Lozano y Fernando Rahmé, habían solicitado que su defendido estuviera preso en su casa debido a que los informes de médicos particulares señalaron que padece trastornos respiratorios, disfunciones cardiológicas, elevada presión arterial y un cuadro depresivo, entre otras dolencias. Al rechazar la detención domiciliaria, la jueza Rosselot entendió que el sospechoso no padece una enfermedad incurable y destacó al área de Enfermería (conocida como el Micro Hospital) como la ‘mejor opción‘, ya que no se verifica que no pueda recuperarse de sus dolencias en la cárcel, resalta en la resolución. También expresa que la autoridad penitenciaria ha realizado una atención médica adecuada a los internos y que se los ha trasladado en forma inmediata a los centros de salud cuando ha sido necesario. De todas formas, no descartó la posibilidad de rever la decisión si luego de 2 meses, con nuevos estudios, existe una situación de riesgo en la salud.
Frente a la decisión, los defensores se mostraron molestos. Lozano dijo que la jueza ‘resolvió en contra de lo que dictaminaron los médicos. Aparentemente ostenta ese título. Es lamentable. Graffigna tiene en riesgo su vida‘. La crítica se basa en que además de los informes privados, 2 de los 3 profesionales de Salud Pública que fueron consultados por la Justicia señalaron que no debería ser trasladado al Servicio Penitenciario, ya que no cuenta con las condiciones necesarias para tratar las patologías que aduce. En base a ese diagnóstico, el fiscal del caso, Carlos Rodríguez, se había manifestado a favor de una prisión domiciliaria. Pero esa opinión no era vinculante y la última palabra la tuvo la jueza.
Por esa razón, Lozano aseguró que ayer presentaron un recurso de habeas corpus en el Tercer Juzgado de Instrucción, que está de turno, porque consideró que al ser derivado al Penal, ‘hay un agravamiento en las condiciones de detención de Graffigna‘. El letrado explicó que buscan que el acusado regrese a su anterior lugar de detención, la sede de la Regional Sur, hasta que haya una resolución firme del planteo de prisión domiciliaria, ya que Rahmé aseguró que apelarán la decisión de Rosselot en la Sala III de la Cámara Penal, la que está habilitada en la feria judicial de enero. El juez Guillermo Adárvez, del Tercero de Instrucción, tiene hasta hoy a las 18.30 para resolver el habeas corpus de la defensa, dijeron fuentes judiciales.
Graffigna es uno de los 11 procesados por el escándalo de las expropiaciones (ver recuadro). Sobre él pesa el cargo más grave, el de liderar la presunta asociación ilícita de empleados del Estado y profesionales que ejecutaron graves irregularidades en juicios millonarios para estafar a la provincia, delito que no es excarcelable y por el que está preso desde marzo (ver cronología).