Una polémica se ha entablado entre los martilleros y los corredores inmobiliarios por la competencia para comprar o vender inmuebles en la provincia. Los primeros dicen que la ley los habilita y que con sólo tener la inscripción en el consejo que los agrupa pueden ejercer la actividad sin inconvenientes. En la vereda de enfrente, los corredores inmobiliarios sostienen que los únicos autorizados son ellos y que para actuar hay que tener título universitario y estar matriculado. Incluso hicieron una denuncia penal por los presuntos delitos de estafa y de ejercicio ilegal de la profesión para quienes no se ajustan a la normativa vigente.

Precisamente parece haber sido la presentación en la Justicia la que avivó la rivalidades porque varios martilleros fueron notificados de que no podían intervenir en la compra-venta de una casa, lote o departamento si primero no se matriculaban en el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios.

"Estamos habilitados por la ley para actuar en este tipo de operaciones", dijo Héctor Daniel Molina, presidente del Consejo Profesional de Martilleros Públicos y Corredores. E invocó la Ley 149 A, que habla de la creación de la institución y determina la competencia de los profesionales y que los habilita para actuar en "subastas y demás actividades propias de la profesión", según consigna el artículo 44 de la norma. Según Molina, entre esas otras actividades están "actuar en la venta de bienes inmuebles, muebles, mercaderías, negocios, administración de propiedades, arriendos, locaciones urbanas y rurales", entre otras.

Desde el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios, su titular, Josefina Pantano, sostuvo que "los únicos habilitados son los corredores inmobiliarios. Y quienes quieran actuar tienen que adecuarse a la normativa vigente". Hizo referencia a que deben tener título universitario y matricularse en el colegio. Así lo señala la Ley 1108 A, que la presidenta invocó.

Por el tema la entidad presentó en marzo pasado una denuncia penal en la que ya tomó intervención el juez Benedicto Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción. En el planteo mencionan los presuntos delitos de estafa y de usurpación de título porque sostienen que en la provincia hay personas que no están registradas ni cuentan con la autorización para ejercer la profesión. Y lo que quieren es que cesen de actuar al margen de la ley y no engañen a sus clientes. Entre los no autorizados estarían los martilleros, que ahora salieron a defenderse con el argumento de que tienen su propia ley que los autoriza.

Previo a la denuncia, Pantano consignó que habían realizado intimaciones para que quienes no se ajustaran a la normativa lo hicieran. Entre ellos estarían los martilleros porque Molina reconoció que asociados a la institución que preside habían recibido comunicaciones de ese tipo y los habían asesorado para que contestaran.

"Nuestro título nos avala para actuar en el sector inmobiliario", insistió Molina, quien sostuvo que en el consejo que él encabeza hay unos 60 adheridos en la provincia.

Pero Pantano dice que no es así y que incluso la constitucionalidad de la Ley 1108 A fue reconocida por la Corte de Justicia de San Juan.

Mientras tanto, sigue la investigación del juez Correa quien, según fuentes judiciales, se apresta a llamar a las primeras indagatorias para quienes estarían ejerciendo la actividad en forma ilegal.

• JOSEFINA PANTANO - Corredores Inmobiliarios

"La ley dice que para intervenir en este tipo de operaciones se debe tener el título de corredor inmobiliario y estar matriculado en el colegio. En este caso no es así, deben adecuarse a la normativa vigente. El planteo de los martilleros ya ha sido rechazado en la Justicia. Vamos a dejar que el juez siga investigando y determine si se está incurriendo en alguna irregularidad. Desde el año 2012 venimos con esta lucha, cuando empezó a actuar la comisión fiscalizadora del colegio, porque se ofrecían servicios inmobiliarios sin estar autorizado".

• HÉCTOR MOLINA - Consejo de Martilleros

"Nuestro título nos avala para actuar en el sector inmobiliario. Por ejemplo estamos habilitados para intervenir en una subasta judicial, que es una modalidad de la compra-venta de inmuebles. También podemos hacer arriendos o locaciones urbanas y rurales. Tenemos nuestra propia ley, la número 149 A, que habla de la creación del Consejo Profesional de Martilleros Públicos y Corredores y que establece claramente nuestras competencias, sin dejar lugar para las dudas. La norma es clara y nos ajustamos a ella".