San Juan, 11 de julio.- El 20 de mayo del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 699, por el que extendió la Promoción Industrial.

13 días después el gobierno mendocino presentó un pedido de inconstitucionalidad contra el decreto 699 y una medida de no innovar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 10 de junio de 2010 el juez federal Raúl Acosta hizo lugar al amparo contra la norma presentado por la Cámara de Comercio de San Rafael, presidida por Pablo Asens.

El 21 de setiembre de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad presentado por Mendoza, pero Jaque anunció que la provincia entraría dentro de las beneficiadas por el decreto, que hasta el momento sólo incluía a San Juan, Catamarca, San Luis y La Rioja, y abandonó la posición de rechazo a la norma.

8 días después, La Pampa se suma al pedido mendocino ante la Corte Suprema.

El fiscal de Estado mendocino, en su defensa ante el Jury que le pidió la UCR, justificó la decisión de desistir del reclamo por la promoción alegando el ingreso al plan de desendeudamiento propuesto por la Nación, cuestión que hasta ese momento el gobierno había negado.

Hace tres días, la Cámara Federal desestimó el amparo de los comerciantes rafaelinos, y el decreto 699 ya no tiene trabas para entrar en efecto.