El cierre de 2009 fue bueno para Rentas no sólo porque sobrepasó la meta que se impuso en la recaudación impositiva, sino porque en el balance hay síntomas que indican que este año podría ser auspicioso. Después de los avisos de ejecución para los contribuyentes, los embargos realizados por Fiscalía de Estado y otras medidas complementarias, el año pasado creció un 42,8 por ciento la cantidad de planes de pago respecto a 2008. En términos nominales, fueron más de 20 mil los deudores que firmaron un acuerdo con la provincia para cancelar sus impuestos en cuotas.
Según los datos de la Dirección General de Rentas, en 2009 los morosos que suscribieron un plan de pago de impuestos -se fija en cuotas- fueron 20.760; contra los 14.535 que lo hicieron durante el año anterior. Eso significa un crecimiento del 42,8 por ciento en la cantidad de gente que decidió normalizar la condición de incumplidor que tenía ante el fisco.
La cifra es récord anual, al menos en lo que va de la administración giojista, que empezó a dar sus primeros pasos en el año 2003. Antes, además de los planes de pago, se hicieron costumbre las moratorias que contemplaban quitas y los contribuyentes llegaban a especular con no pagar a término, a la espera del beneficio que les permitiera poner mucho manos dinero que el monto original.
El incremento se sostiene, principalmente, con los números en el segundo semestre de 2009. Hasta junio se mantenía un nivel similar de planes de pago al registrado en el mismo periodo de 2008 y a partir de julio, la cantidad se disparó considerablemente (Ver aparte). En Rentas dicen que no es casual y que no responde a una mayor conciencia de la gente.
El titular del organismo recaudador, Adrián Villegas, aseguró que la suba del segundo semestre responde a que se aceitó más el sistema de cobro y a una serie de medidas que implementaron a partir de agosto y que llevaron a los morosos a meterse la mano al bolsillo para evitar dolores de cabeza más agudos. Fiscalía de Estado empezó a endurecer su posición y embargó cuentas de deudores y desde el mes de septiembre, Rentas exige el certificado de cumplimiento fiscal para los proveedores del Estado -son miles y para contratar deben estar al día o adheridos a un plan de pago-. A eso, el funcionario agregó el efecto de los anuncios en medios de comunicación de la decisión política de salir a ejecutar judicialmente a todos los deudores y la trascendencia que ganó en la prensa gráfica la cantidad de demandas a enviar a Fiscalía de Estado.
En noviembre, desde Rentas a Fiscalía de Estado salieron más de 13 mil expedientes de deudores para que sean demandados en la Justicia. En febrero ya se sabe que habrá 42 mil ejecuciones más y se estima que de no haber una baja de los incumplimientos -hoy pagan 4 de cada 10-, en el resto del año quedarán a tiro de un juez unas 150 mil causas más por deudas de impuestos.
Un dato confirma la teoría del temor por ser ejecutado en un tribunal judicial. Cuando en diciembre se conoció que no iba a haber contemplaciones y que se venía una ejecución masiva de morosos, en apenas tres días se registraron 4.000 mil planes de pago, una cifra sin antecedentes en Rentas.
El panorama hace suponer en el gobierno que la tendencia, medianamente, se podría mantener al cabo de este año. Y si es así, la provincia contaría con una herramienta clave para alcanzar sin sobresaltos la meta de recaudación de 501 millones fijada para este ejercicio.