A los jueces provinciales se les allanará hoy definitivamente el camino para jubilarse con el 82 por ciento móvil de sus haberes. El máximo responsable de la AFIP, Ricardo Echegaray, firmará con José Luis Gioja el convenio que les permite pagar en 60 cuotas la actualización de sus aportes, tal como lo venían pidiendo. De esta forma, se abre la puerta para que en la Justicia sanjuanina se produzca una renovación sin antecedentes, ya que hay unos 30 magistrados y fiscales que están en condiciones de retirarse y no lo hacían porque una norma nacional les ponía un techo salarial de 3.100 pesos.

El convenio con la AFIP; que es el organismo recaudador de los aportes previsionales, dice que los jueces podrán cancelar la diferencia entre el régimen anterior y el que les permite ahora irse con el 82 por ciento, en 60 meses. Además, impone por el plazo de financiamiento una tasa de interés del 6 por ciento. La misma condición se fija para que la provincia pague lo que le corresponde: la actualización de las contribuciones patronales por el cambio de régimen.

En total, son 22 millones de pesos. Los jueces tienen que poner de su bolsillo 12 millones y el Estado provincial, como empleador, los 10 millones de pesos restantes.

El plan de pago es clave para que desaparezcan las trabas que invocaban los magistrados para pasar a retiro. Inicialmente la AFIP les daba 24 cuotas y desde el Poder Judicial lo rechazaron, aduciendo que no tenían plata para afrontar la obligación en ese tiempo. A cambio pidieron 60 meses, justamente el plazo que acordó Gioja con el organismo nacional.

En Tribunales hay una treintena de jueces y fiscales que cumplen los requisitos para irse y si bien la mayoría está esperando el convenio para hacerlo, hay algunos que todavía no se definen. Lo cierto es que San Juan está en las puertas de un recambio masivo e inédito.

Pero no será inmediato. La provincia tiene que aprobar por ley el convenio con la AFIP y el que firmó Cristina Kirchner eliminando el tope salarial. Después de eso se abrirá un plazo de tres meses para que los magistrados hagan uso de la opción y tres más para que la provincia presente en la Nación la declaración jurada de cada uno, en la que consta lo que deben pagar.