Luego de 26 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó a la provincia a pagarle a la empresa Harza 2,4 millones de dólares por incumplir un contrato relacionado a la ejecución del dique de Ullum. La compañía fue contratada en la década del 70 por la administración que encabezó Carlos Gómez Centurión para supervisar y hacer un seguimiento de los trabajos de construcción de la represa que tenía a su cargo Panedile, pero los Gobiernos que fueron desde 1981 a 1984 no le pagaron y se generó una deuda millonaria que es la que ahora debe afrontar la administración giojista. El máximo tribunal del país ordenó pesificar el monto y que las partes se pongan de acuerdo en la cifra, pero el fiscal de Estado calcula que la herencia le significará a las arcas públicas unos 20 millones de pesos.
“Hace rato que venimos pagando deudas anteriores a nosotros, hicimos el dique Los Caracoles, estamos haciendo Punta Negra con todo el esfuerzo, anunciamos un dique más (Tambolar) y ahora esto, tener que hacernos cargo de deuda vieja”, aseguró amargado el gobernador José Luis Gioja. Sucede que la deuda se generó hace décadas y la tendrá que cancelar su gestión, lo que implica que tendrá que descuidar a esa erogación dinero que podría tener otro destino en el presupuesto.
Harza Engineering Company International es una consultora que fue contratada en el año 1972, bajo el Gobierno de facto que puso al bloquista Gómez Centurión en el poder. A esa altura ya se había tomado la decisión de hacer el primer dique de gran envergadura de San Juan, el de Ullum, y a la firma extranjera se le encomendó una serie de tareas mientras se ejecutara la obra y posteriores a su inauguración. Entre otras cosas, debía prestar asesoramiento técnico, hacer inspecciones en la misma, revisar y aprobar planos, modificar los diseños en caso de ser necesario y asesorar a la provincia en la prueba de los equipos para la represa, entre otras cosas.
El problema fue que en 1981 comenzaron los incumplimientos de la provincia, al dejar impaga una pila de facturas que luego fueron peritadas por la Justicia (Ver recuadro). Tres administraciones militares y la democrática que comenzó en 1983 con el bloquista Leopoldo Bravo no le transfirieron a Harza el dinero por la totalidad de sus servicios y tras elevar reclamos administrativos, la empresa demandó a la provincia en la Justicia local. Lo hizo en el año 1988, cuando Gómez Centurión ya había vuelto al sillón de titular del Ejecutivo, pero por decisión de la ciudadanía en las urnas.
El por entonces fiscal de Estado, Pedro Quiroga, convocó como tercero en el juicio al Estado nacional porque era garante. Y este último, al hacerse parte, pidió la incompetencia de los tribunales provinciales y la causa, como correspondía, fue a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. Se trata de una única instancia, creada para entender en casos especiales, entre ellos en los que la Nación y una provincia son parte del mismo litigio judicial.
La sentencia de la Corte Suprema es definitiva y tiene firma del 5 de agosto, pero recién salió a la luz ahora. En su parte resolutoria, hace lugar al reclamo de Harza y condena al Estado sanjuanino “a pagar las sumas reclamadas”, lo que incluye 1,05 millones de dólares de capital y 1,3 millones de dólares de intereses. Todo eso suma 2,4 millones de la moneda estadounidense.
El máximo tribunal del país ordena en la misma sentencia pesificar el monto y deja a criterio de las partes el mecanismo a aplicar con esa finalidad (hay muchas formas de hacer la cuenta, de acuerdo a las distintas leyes de pesificación vigentes). Por lo pronto, el 10 de septiembre hubo una audiencia de conciliación en Capital Federal entre los representantes legales de la compañía internacional y el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, quien propuso una fórmula que ahora tiene que ser analizada por la contraparte. Según la estimación del funcionario sanjuanino, el monto total será de aproximadamente 20 millones de pesos.
Dentro de la mala noticia, hay una buena. En esa audiencia, De Sanctis les hizo saber a los apoderados legales de Harza que la provincia no pondrá el dinero este año porque en el presupuesto no hay contemplada ninguna partida para esa deuda y se está ejecutando la última etapa del mismo. Y esa condición, fue aceptada por los abogados contrarios.
El pago se haría efectivo durante al año entrante y para eso, el titular del organismo que defiende el patrimonio del Estado se tiene que sentar con el ministro de Hacienda, Francisco Alcoba, para ver cuáles son las posibilidades de prever la deuda en el próximo ejercicio. Sea como sea, la provincia no puede zafar, tendrá que pagar y dolerá a la hora de hacer cuentas porque no quedará otra que dejar de atender inversión. Nada menos que 20 millones de pesos alcanzarían para levantar un barrio entero de 50 casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) o para entregar 200 módulos habitacionales o para sostener por casi todo un año el padrón completo de beneficiarios de la tarjeta alimentaria.
La próxima audiencia se fijó para el próximo 22 de octubre y tanto la provincia como la consultora quedaron en constituir un equipo de trabajo conformado por contadores y abogados, para intentar ponerse de acuerdo en lo que resta definir. En nombre de San Juan irán las máximas autoridades del Estado en esas ramas: De Sanctis y Alcoba. Para que el impacto presupuestario no pegue con tanta fuerza en tan poco tiempo, habrá una propuesta oficial para poder ir cancelando en cuotas la cifra adeudada.