La semana pasada, en el salón Manuel Belgrano del Ministerio de Economía de la Nación, la COVIAR -la mesa que encabeza el sanjuanino José Molina y donde están sentados todos los actores de la vitivinicultura del país- intentó convencer a los altos mandos del Ministerio de la Producción -Débora Georgi y Carlos Cheppi-, que para la actividad en este momento complejo de la producción regional, es vital rescatar el consumo y las exportaciones. Vender. Por eso les propusieron jugar parte de las cartas económico-financieras disponibles, a la promoción del consumo interno (ya ven indicios de estabilización, dicen) y al buen marketing en el externo, donde apuestan a la relación calidad-precio del vino argentino.
Claro, eso implica una política de promoción y comunicación más agresiva, más cara y que demandará más recursos. El déficit que ha dejado la vendimia pobre (25% de merma en la producción 2009 respecto a la del año pasado y casi 30% con el potencial vitivinícola nacional), es -como paradoja- un primer equilibrio en tiempos de mercados chato.
Es que la Corporación -que financia las campañas de promoción de los aportes de la industria- verá este año bajar sus ingresos_ menos ventas, menos aporte. Así las cosas, los de la gran mesa del Oeste del vino, la COVIAR, le propusieron a la adusta ministra que una parte de los $54 millones que provienen de la mitad del calculo de las retenciones a las exportaciones (2,5%) y que vendrán destinados al programa de asistencia a la cadena de integración pyme, se destinen a la promoción del vino en ambos mercados.
Todo muy ameno, pero fracasó. Ni Giorgi, ni Cheppi lo entendieron así y se mantuvieron en la postura en que la totalidad de los fondos vayan -tal cual prometió Cristina en su visita vendimial a Mendoza- al programa de integración.
Al día siguiente nomás, llegaron las invitaciones para la cumbre del miércoles en la Rosada. En el Salón de la Mujer, frente a las cámaras de todo el país, la Presidenta anunciará la firma del contrato de ejecución de los 50 millones de dólares prestados por el BID para la integración viñateros-bodegueros, un viejo anhelo de la vitivinicultura argentina y de su modelo social. Es todo un hito, mirando la estrategia del mediano y largo plazo del PEVI y de la COVIAR. Sin embargo, con mercados y consumo en baja y con recursos magros para una promoción que sostenga el equilibrio de la actividad, se avizora un panorama dudoso para esos productores, a los que se trata de sumar a la cadena.
Y la realidad acecha. Según datos del INV, en el primer cuatrimestre de éste año el consumo interno cayó un 13%. En cuanto a las salidas al exterior, desde noviembre del año pasado se viene registrando una estrepitosa caída del 52% de volumen en los graneles y más del 45% en el volumen del mosto.
Desde la COVIAR dejaron un dato casi espeluznante a los funcionarios nacionales: Por cada punto que se pierde en alguno de los dos mercados, hay entre 3.000 y 4.000 hectáreas que "salen de combate en la actividad".
Ergo, en ese contexto, es muy difícil establecer e impulsar políticas de aliento a la integración de productores para sumarlos a la cadena de valor, como pretenden desde la Rosada. Otro de los temas relevantes que estaban en agenda fue el reclamo para que se modifique el decreto en el cual el Gobierno de la Nación considera al vino como una bebida alcohólica más, a la hora de su promoción y publicidad. El sanjuanino y presidente de la COVIAR, José "Catuco" Molina, explicó que "se elevó una nota solicitando que se modifique este reglamento, que ya resulta arcaico. Queremos que se consideren matices de esta ley. Pretendemos que el Comfer entienda que el vino es un alimento, y se levante la prohibición". Difícil, pero vale el intento, claro. El Directorio manifestó la intención de seguir trabajando en el tema.