La Corte Suprema de los Estados Unidos le pidió opinión a la Casa Blanca antes de decidir si el juicio contra YPF seguirá en ese país o se realizará en la Argentina. La consulta será al Solicitor General (abogado del Estado) previo a dictar sentencia, y no establece un plazo para expedirse.

El fallo es en el marco de la estatización de la petrolera en 2012, que podría implicar un pago por parte del Estado argentino de unos U$S 3.000 millones a fondos buitre que compraron derechos de litigio hace años. Estos fondos ahora buscan indemnización por esa operación, realizada por la administración de Cristina Kirchner.

El fondo de la demanda implica el pago de una indemnización por parte del Estado argentino a Burford por una suma que podría acercarse a los U$S 3.000 millones. La decisión del máximo tribunal de los Estados Unidos no incluye un pronunciamiento sobre el daño económico que reclama el fondo buitre. Solo responde a la pregunta sobre si el juicio debe o no seguir en territorio norteamericano o deberá dirimirse en Buenos Aires, tal como pidieron YPF y la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado.

De todos modos, el proceso del juicio es largo y en el Gobierno estiman que la sentencia podría demorar unos tres años. En ese lapso es que deberá terminar de definirse el planteo de Burford sobre la indemnización por la estatización de la compañía. Un fallo de fondo en contra podría costarle al país entre U$S 2500 y U$S 3000 millones, entre capital e intereses.

Fuentes del Gobierno indicaron que el fallo es positivo para la Argentina por varias razones. En primer lugar porque demuestra la importancia del caso, que de otro modo se hubiera rechazado de plano. También porque la Corte rara vez hace esta convocatoria, en la que el Estado norteamericano intervendrá por invitación especial del máximo tribunal.

Desde la Casa Rosada afirman además que aunque la opinión del Solicitor "no es vinculante, es tenida en cuenta especialmente por la Corte". Destacan además el efecto que generó la presentación de Chile y México como "amicus curiae (amigos del tribunal) marcando la importancia del asunto desde el punto de vista internacional para los Estados Unidos".

Los funcionarios consideran que este fallo representa además una mala noticia para los demandantes, que esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio. "En definitiva, es un paso que deja a la Argentina mejor posicionada en cuanto a las posibilidades del recurso ante la Corte", indicaron.

Qué es Burford Capital y qué reclama

Todo comenzó con un juicio que iniciaron Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos empresas que ahora están en control del fondo buitre Burford. Las Petersen fueron creadas en 2007 por el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para ingresar a YPF como socio minoritario de Repsol.

Luego, en 2012, el gobierno de Cristina Kirchner decidió estatizar el control de la compañía, en manos de Repsol. Petersen no pudo pagar sus deudas y perdió las acciones que tenía. En ese contexto las firmas -que en realidad valían por los derechos de juicio- quedaron en manos de tribunales españoles que, en el proceso de quiebra, las vendieron a Burford por U$S 17 millones.

Burford argumenta que la estatización violó leyes de Oferta Pública de los Estados Unidos ya que la Argentina no ofreció a los accionistas minoritarios la indemnización proporcional a la que cerró con Repsol, de unos U$S 5900 millones por el 51% de la compañía. Como YPF es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, Burford considera que los tribunales para dirimir el litigio son los de esa jurisdicción.

Fuente: TN