En un intento por reactivar el consumo e impulsar la recuperación del poder adquisitivo frente a la escalada inflacionaria, el Gobierno nacional dispuso ayer por decreto el pago de un aumento para los trabajadores del sector privado, que será de 4.000 pesos en dos tramos, a cuenta de futuras paritarias. Frente a la decisión, que será de cumplimiento obligatorio, representantes del empresariado local expresaron la imposibilidad de hacer frente a la ayuda porque no están en condiciones de afrontar el desembolso extra cuando todavía no hay medidas para la reactivación y luego del esfuerzo para pagar, por ejemplo, el medio aguinaldo.

En ese contexto, el titular de la Unión Industrial, Hugo Goransky, manifestó que "las industrias del interior no van a poder hacer frente a esta obligación porque todavía no hay reactivación". Dino Minozzi, de la Federación Económica, dijo que "las pymes están muy comprometidas fiscal y financieramente para enfrentar otra carga".

Los empresarios dicen que es una medida que los empleados merecen.

El incremento será a pagar en dos cuotas a partir del mes de enero y a cuenta de las futuras negociaciones paritarias. La primera cuota será de 3.000 pesos, que deberá abonarse con los haberes de enero de este año, y la segunda de 1.000 pesos, será pagada con los sueldos correspondientes a febrero próximo, según dio a conocer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, durante una conferencia de prensa realizada ayer por la tarde en la Casa de Gobierno. "Esta cifra significa fijar un piso para los sectores más postergados", explicó el funcionario.

Pero la medida causó preocupación entre los sectores productivos locales. Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, por ejemplo, manifestó que "la medida para muchos pequeños negocios será un certificado de defunción".

En el Colegio de Corredores Inmobiliarios, su titular, Josefina Pantano, habló de la "imposibilidad de seguirle cargando obligaciones a la patronal", mientras que Guillermo Cabrera, de la Cámara de Ferreteros, dijo que "hay un contexto complicado y estas medidas no ayudan".

En general, el sector empresario habla de que este tipo de ayudas, que serán descontadas en futuras negociaciones paritarias, las tienen merecidas los trabajadores, pero que en un contexto de baja actividad y de escalada inflacionaria, no las podrán afrontar. En algunos casos, como Goransky, del sector industrial, pidió medidas para impulsar la reactivación y que se reduzca la presión impositiva para volver a poner en marcha el aparato productivo. Por ejemplo vía reducción del pago de aportes patronales a las pymes del interior.

Para el sector de empleados públicos nacionales, el ministro Moroni anticipó que "sacaremos una medida similar" la semana que viene en materia salarial, ya que, explicó que "tiene una complejidad administrativa, porque incluye empresas, administración central y organismos descentralizados". Y que invitarán a las provincias a sumarse.

Pero ya la titular de Hacienda en la provincia, Marisa López, adelantó que "los salarios de los empleados públicos en San Juan son los únicos actualizados en el país", por la vigencia de la cláusula gatillo. Con lo cual desestimó su implementación.

En el sector de los municipios, el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, se mostró en sintonía con la funcionaria provincial. Armando Sánchez, de Pocito, habló de tomar "una decisión común".

Las voces de los afectados

HUGO GORANSKY - Unión Industrial

"No es que no entendamos la situación de los trabajadores, pero creemos que primero hay que cuidar las fuentes de trabajo y por eso no se podrá hacer frente a esta nueva obligación. Antes de pensar en este pago hace falta una rebaja impositiva para ayudar a las pymes del interior, con una disminución de los aportes patronales".

HERMES RODRÍGUEZ - Cámara de Comercio

"Más allá de que los empleados lo merecen, no es una solución porque se hará un daño financiero al comerciante. No están en condiciones de afrontar este pago, más los pequeños comercios del interior de la provincia, que están en una situación más vulnerable. En resumen, el comercio local no puede afrontar otro gasto como el que se propone".

DINO MINOZZI - Federación Económica

"Está bien que se intente disponer una ayuda sobre todo para los sueldos más bajos, pero las pymes del país, que son mayoría, no están en condiciones de hacer frente a este pago cuando le deben, por ejemplo, más de 700.000 millones de pesos al fisco. Estamos pasando por una reducción del nivel de actividad en la mayoría de los sectores".

GUILLERMO CABRERA - Cámara de Ferreteros

"Es una medida difícil que ha tomado el Gobierno nacional y debo decir que no estamos de acuerdo. Más allá de que el empleado lo necesita, la realidad indica que para las pymes del interior del país no les será fácil afrontar este nuevo compromiso. Desde CAME estamos trabajando en una propuesta alternativa".

MARISA LÓPEZ - Ministra de Hacienda

"San Juan es la única provincia del país con los salarios actualizados gracias a que se ha venido aplicando lo que se conoce como la cláusula gatillo. Tal vez en el sector privado pueden haber quedado desfasados los sueldos, pero no es el caso de la administración pública provincial. No se puede compensar una situación con la otra".

JOSEFINA PANTANO - Corredores Inmobiliarios

"Creo que será una medida muy difícil de afrontar porque se trata de seguirle cargando obligaciones al sector patronal, que ha tenido muchas dificultades durante el año pasado. En nuestro caso, la actividad ha tenido muy poco movimiento y se agrava ahora con una nueva carga que será muy complicado para sobrellevar".