“¿Vos le entregarías las escuelas y los centros de salud a…?”. “La verdad, no”, fue la respuesta inmediata a la pregunta hecha por un gobernador años atrás. La conversación había comenzado por los temas de descentralización y coparticipación de impuestos. Las dos cosas deberían ir de la mano porque en realidad hoy la Provincia hace muchas cosas que corresponderían a las comunas y, por otro lado, las comunas tampoco reciben los fondos que se merecen. Es indudable que con el paso del tiempo ha mejorado la calidad de los ediles en su formación y capacidad para administrar. No hay que ir mucho tiempo atrás para encontrar oficinas en las que ni siquiera había un contador. Fue conocido el caso de un intendente al que le encontraron cheques guardados en un cajón y otro que fue acusado por usar fondos públicos para pagar su tarjeta de crédito. El presente parece distinto en ese sentido. Luego de 32 años de democracia, tanto los intendentes como los concejales han levantado el nivel de conocimientos e incrementado su grado de responsabilidad frente al manejo de la cosa pública.
Esta semana el diputado Miguel Martín Martín, veterano de la Cámara pero recién ingresado por un reemplazo corto a la casa de las leyes, ha presentado un proyecto de ley de coparticipación que recoge la teoría que animó otro de hace 16 años del entonces legislador y hoy Ministro de Hacienda, Francisco Alcoba. Básicamente se establece un índice de reparto llamado primario del 15% directo del presupuesto para ser distribuido entre los 19 distritos más un 3% extra de lo que se llamaría Fondo de Desarrollo Municipal. Este porcentaje representa la media comparada de otras provincias, algunas de las cuales reparten más y otras, menos. Luego viene la distribución secundaria que aplica dos criterios para atribuir fondos: uno de cálculo común a todos llamado “equidad” y otro diferenciado denominado por “eficiencia”. Igual a lo que había planteado Alcoba en 1999 con una ley que fue sancionada por aquella cámara e inmediatamente derogada por el gobernador Alfredo Avelín a pedido de su hijo Alfredo Avelín Nolléns, por ese entonces Intendente de la Ciudad de San Juan. Prácticamente fue la primera medida de gobierno y se explicó porque la Capital perdía fondos y obviamente, los municipios, muchos de ellos gobernados por opositores, ganaban independencia.
El coeficiente de equidad es fácil de calcular porque se tienen en cuenta factores de medida casi exacta, extensión geográfica, cantidad de habitantes, proporción de pobreza e indigencia, mortalidad infantil, alfabetización, cantidad de establecimientos escolares, sistemas sanitarios, etc. Como es lógico de suponer y para dar un ejemplo concreto, Chimbas recibiría por este rubro mucho más de lo que está recibiendo en este momento. Del total, el cálculo de “equidad” representaría el 70% de aquél 15%. Un 20% se asignaría por eficiencia teniendo en cuenta la recaudación lograda respecto de la esperada, el gasto ejecutado respecto del previsto, la relación entre los ingresos y el gasto corriente, el dinero destinado a inversiones, la relación entre la cantidad de habitantes y la cantidad de empleados y la relación habitantes versus planta política. El 10% restante se repartiría de manera igualitaria entre todos.
No hace falta avanzar mucho en la justificación legal de la iniciativa, porque la carencia de una ley de coparticipación es tal vez la falta más flagrante a uno de los mandatos de la Constitución que, no obstante datar de 1986, todavía clama por su cumplimiento absoluto. El texto ordena en su artículo 253 Inciso 8 que “los municipios tienen derecho a un porcentual determinado por ley del total que la provincia recibe… y en el mismo tiempo y forma (que para el caso es goteo diario en que se depositará en una cuenta de banco)”. Hasta el momento lo que ha regido, tal vez porque como decíamos al principio las diferentes administraciones no han confiado en el profesionalismo administrativo de los sucesivos ediles, es un sistema transitorio que en el fondo beneficia al peor. La base principal es que la tesorería financia el costo de la planta de personal, de modo que aquél que tiene proporcionalmente más empleados, los necesite o no, recibe más recursos. Además se producen asimetrías muy evidentes como las de Capital y Rawson, que deberían recibir más o menos lo mismo pero que hoy están muy desfasadas en beneficio de Capital. De aplicarse la fórmula al día de hoy y según el último censo de población, el ranking quedaría como muestra la infografía. El autor declara un objetivo modesto: “Instalar un espacio de debate y buscar las coincidencias de todos y cada uno de los actores” y que se convoque a una mesa de discusión integrada por el Poder Ejecutivo con su Ministerio de Hacienda, el Legislativo con sus 19 diputados departamentales y los Intendentes con sus Secretarios de Hacienda.