En una jornada interdisciplinaria, en la que participaron abogados, economistas, empresarios y representantes de diferentes ramas sociales, el abogado Julio César Rivera (un catedrático especializado en concurso, quiebra, colaborador en la ley de fideicomisos) llegó ayer a la provincia para disertar sobre el análisis económico del Derecho, una corriente jurídica que se gestó en los Estados Unidos entre los años "60 y "70 y que ahora está expandida en todo el mundo, la cual intenta incorporar elementos de economía al análisis de las instituciones jurídicas.
El letrado destacó que la Corte Suprema de Justicia, impulsada por su presidente, Ricardo Lorenzetti, creó su propia Unidad Económica mediante una acordada de fines de septiembre de 2009. La Corte de Tucumán también creó una oficina similar.
A modo de ejemplo, Rivera explicó que esta corriente se aplica cuando, "en algunos trabajos, en la elaboración de la sentencia de los jueces, en los llamados casos difíciles, propicia un análisis consecuencialista, para analizar el impacto del fallo sobre el resto de la sociedad y no sólo sobre el caso que se está resolviendo. A eso se dirige el análisis económico, inserto en un esquema más general, como es la relación del Derecho con todas las ciencias sociales".
El análisis económico le permite entender a los abogados, sobre todo a los profesores de Derecho, que las instituciones jurídicas no son sólo jurídicas, sino que están para satisfacer otro tipo de necesidades, desde el matrimonio, la adopción, hasta el usufructo, la servidumbre, que son meramente económicas.