Para la cosecha del 2019, los viñateros habían solicitado que se pusiera en marcha un régimen que establecía la obligatoriedad de exigir contratos de compra-venta de uvas antes de que el producto ingresara a las bodegas, pero ahora cambiaron de idea y ayer se sumaron al planteo del sector bodeguero. Fue por la solicitud de dejar sin efecto la disposición para la pasada cosecha y recién volver al sistema en la próxima vendimia. Desde el Gobierno provincial, el ministro Andrés Díaz Cano dijo que van a sacar una resolución para dar respuesta al requerimiento. Fue tras una reunión virtual en la mañana de ayer con la participación de representantes oficiales, del sector viñatero y de las bodegas.

En el medio están en juego una serie de castigos a las bodegas incumplidoras, que parten desde una multa, que se calculará de acuerdo a la gravedad de la infracción, equivalente al valor de entre 1.000 a 100.000 litros de vino. Otra medida puede ser la clausura del establecimiento hasta que se regularice la situación.

Lo que pasó este año fue que la mayoría de los viñateros no quiso firmar los contratos, en los que deben figurar precio, forma de pago y las condiciones, en el caso de la maquila. Y los instrumentos se deben registrar en la Dirección de Asuntos Vitivinícolas de Producción. Y fue porque especularon con la posibilidad de que el precio del kilo de uva aumentara y, en ese caso, cobraran un importe menor. Pero, en lugar de plantear la posibilidad de ajustar los valores de los contratos, optaron, la gran mayoría, por no firmarlos. Y ahora, cuando desde el Gobierno provincial salieron a pedir las contratos a las bodegas, la mayoría no los tienen. Frente a este panorama surgió el pedido, primero de los bodegueros, agrupados en las Cámaras de Bodegueros y en la Vitivinícola, y al que se sumaron los viñateros, por ejemplo desde la Federación de Viñateros, la Asociación de Viñateros Independientes y la Cámara Vitícola. Desde esta última entidad, su referente, José "Catuco" Molina, aclaró que si bien terminó adhiriendo al pedido, lo hizo con disidencias porque la entidad "ha venido defendiendo no sólo el contrato anual sino por el término de 10 años, para dar formalidad a la relación comercial entre el productor y el industrial".

La medida había surgido para proteger al mismo productor, e incluso servía de aval para acceder a créditos oficiales, que está en inferioridad de condiciones a la hora de negociar precios y plazos por la uva con los industriales. Y fue porque, en la práctica, una vez finalizada la vendimia y de acuerdo a los kilos cosechados, se hace la liquidación, estableciéndose un precio y plazos de pago. Pero los productores se venían quejando porque, al no haber ningún instrumento firmado, algunos industriales no cumplían con los precios ni con los plazos comprometidos.

En Mendoza, incluso, se aprobó una ley de contratos de uva que obliga a productores y bodegas a firmar documentos que dejen asentados los detalles de cada transacción en el momento en que se entrega la uva en el establecimiento. Pero en San Juan se hizo mediante una resolución, en enero del 2019, y ahora la intención, según adelanto el ministro Díaz Cano, es sacar otro instrumento dejando sin efecto esa obligación para la cosecha pasada.

Agua

Por el tema de la crisis hídrica, los viñateros le pidieron al ministro Díaz Cano que se gestione una reunión con el gobernador Sergio Uñac sobre el tema. Algunos habían expresado su disconformidad con el manejo que se viene haciendo desde el Departamento de Hidráulica y por eso quieren el encuentro.