La pelea que mantienen el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan con RE/MAX, una red de franquicias inmobiliarias que también funciona en la provincia, llegó al ámbito judicial. Es porque después de una intimación de la primera institución, porque considera que desde la red funcionan "ilegalmente", la respuesta fue una presentación judicial para que los dejen trabajar.

La disputa no es nueva ni se restringe al ámbito local, porque en distintas provincias, incluida Buenos Aires, los colegios que nuclean a los corredores inmobiliarios vienen cuestionando la forma de trabajar de RE/MAX.

Josefina Pantano, que preside el Tribunal de Ética del colegio y que también es secretaria de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, explicó que RE/MAX no está autorizada para funcionar en la provincia "porque no cumplen con los requisitos del corretaje inmobiliario". Primero hace falta tener título universitario habilitante y después el profesional debe matricularse en el colegio, que es el autorizado por ley para el control. Y desde la franquicia tienen una red de agentes, pero no cumplen con los requisitos legales. Pero decidieron ir a la Justicia para que los dejen realizar la tarea.

Desde RE/MAX respondieron con un comunicado en el marco de la campaña "Hablemos de verdad", en el que denuncian "boicot, discriminación y agresiones por parte de algunos dirigentes de colegios profesionales de martilleros y corredores". La entidad tiene una red de 150 oficinas independientes en todo el país y según el colegio tienen unos 18 agentes en las provincia dedicados a la comercialización de inmuebles. "Los corredores matriculados que eligieron formar parte de la red RE/MAX decidieron no callar más y exigen el cese de estos ataques liderados por quienes sólo buscan eliminar a su competencia a toda costa", sostiene en otro pasaje el comunicado.

Desde el colegio, Pantano respondió que "están actuando fuera del control profesional, que es grave".

No es la primera vez que desde la institución apuntan contra quienes, según sostienen, actúan al margen de la ley. Un antecedente es una denuncia penal planeada contra quienes ejercían la actividad sin título habilitante ni están matriculados por la comisión de los presuntos delitos de estafa y de usurpación de título. En el 2019 calculaban que había 142 agentes inmobiliarios trabajando sin autorización.

Lo que buscan desde el colegio, según explican, es resguardar el patrimonio de los ciudadanos, con profesionales formados y controlados, porque en el caso de una irregularidad en cualquier operación no hay una entidad, como el colegio, en la que puedan realizar una denuncia. Así, cuando alguien es estafado en un negocio inmobiliario, no suele saber si la transacción fue hecha con un profesional.