El gobierno iniciará la próxima semana inspecciones a molinos y exportadores para verificar si pagan el precio que corresponde a los productores de trigo, mientras que las entidades agrarias se mostraron escépticas sobre los resultados de esos controles y advirtieron sobre extensión de medidas de fuerza.
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, confirmó ayer que pidió a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) el inicio de un "relevamiento e inspección de toda la comercialización" del trigo, y aseguró que no tiene previsto citar en los próximos días a los integrantes de la denominada Mesa de Enlace, quienes convocaron a realizar desde este lunes 17 de enero un cese de comercialización de trigo por una semana, medida a la que calificó de "testimonial". "Hay que defender al productor. Lo que queremos es que tenga un precio de comercialización razonable, por eso vamos a tratar de juntar a todo el sistema de comercialización para que se le respete el acuerdo que tiene la Mesa del Trigo, que es el precio FAS para el productor", comentó Domínguez a radio El Mundo. Asimismo, si bien dijo que no está previsto convocar otra vez a los dirigentes de la Mesa de Enlace, el funcionario garantizó que "el diálogo está abierto todo el tiempo". A su vez, el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, contó que el operativo de control sobre la cadena de comercialización del trigo empezará la próxima semana sobre los molinos.
"Vamos a generar algún operativo de control para poner blanco sobre negro donde está el problema", prometió. Además, indicó que el lunes se reunirá con los exportadores "para comentarles este tipo de operativos" y sus alcances.