Nombres propios de peso son los que están detrás del aparato que se opone a que el proyecto de Ley del Mosto (ver aparte) tenga vía libre en el Congreso Nacional, normativa que favorecería enormemente a diversificar -puertas adentro del país- la industria vitivinícola, en especial la sanjuanina, de gran raigambre mostera. Firmas de la talla de Ledesma, Cargill, Arcor y Coca-Cola son los gigantes que están detrás del negocio del azúcar y el jarabe de alta fructosa de maíz, ya sea como productores o como clientes.
Las voces cantantes, que al fin y al cabo son las que salen a hablar y dan la cara, son las distintas cámaras empresarias, pero el lobby empresario está detrás fogoneando el rechazo. Tanto los gobernadores vitivinícolas como la propia Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), han salido a aclarar que el proyecto mostero no apunta al azúcar, pero sí a la fructosa de maíz, un endulzante barato y que en algunos países del mundo fue perdiendo espacio por algunas contraindicaciones que tiene su uso en exceso.
Hasta ahora, sólo las entidades azucareras habían salido a criticar el proyecto, pero tras una nota de DIARIO DE CUYO lo hizo también la Cámara Argentina de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines que cobija a los líderes de la industria de la fructosa de maíz, argumentando que se verían ‘’muy afectadas’’ y que ‘’correrían riesgo’’ la supervivencia de las fábricas que se ubican en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y San Luis.
Hablan de que también golpearía el bienestar de 2.000 trabajadores y ‘’otros miles’’ que están vinculados indirectamente. Justamente en la provincia puntana está Glucovil, un consorcio controlado por Ledesma y Cargill, uno de los líderes en la molienda húmeda de maíz (ver foto) y que no quiere perder un centímetro de terreno en este negocio.
Ya en la cumbre que armó el sector vitivinícola el pasado 25 de abril en San Juan para sostener el proyecto que está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación y que fue presentado por los legisladores Luis Basterra de Formosa, Guillermo Carmona de Mendoza, Omar Félix de San Rafael, Rubén Uñac y Daniel Tomas de San Juan; el gobernador Gioja, los ministros de Producción y agroindustria de las provincias de Mendoza, La Rioja y Catamarca, más todo el arco de la vitivinicultura argentina y referentes opositores, entre los que se contaban el radical mendocino y con aspiraciones presidenciales Julio Cobos y el macrista local Eduardo Cáceres, explicaron los alcances del texto.
En la oportunidad apuntaron los cañones directamente a la fructosa de maíz, dejando al margen al sector azucarero, el más ‘’mediático’’ hasta ahora de los opositores a la normativa. Claro que en silencio, el pool de empresas vinculadas a la fructosa de maíz está detrás de la barrera de los ‘’opositores’’, pero con poca exposición.
Ahora bien, aunque la industria vitivinícola en su conjunto está apuntalando el proyecto, al igual que los gobiernos provinciales, por estos lares saben que el lobby empresario de azucareros y de la industria del maíz es muy fuerte. Una señal de esto es que por ejemplo el emporio Ledesma no sólo maneja y casi que monopoliza el negocio del azúcar sino que además tiene inversiones en la fructosa de maíz.
También saben que sólo la muñeca política de los gobernadores involucrados y un guiño de Nación pueden hacer que la fructosa de maíz, azúcar y mosto convivan en paz, algo que por ahora -analizan los funcionarios locales- está lejos. Fue el propio José Luis Gioja quien dijo hace poco más de un mes que la clave está en la difusión del proyecto y que no haya ‘’posiciones radicalizadas’’, ya que entorpecerían el proyecto y cualquier posible escenario de diálogo, camino que busca allanar el sector vitivinícola.