“Podría ser más expeditiva”, aseguró ayer Guillermo De Sanctis, el fiscal de Estado. La reflexión es un pedido elíptico de celeridad para los miembros de la Sala II especial que se conformó para entender en el escándalo de las expropiaciones, que llevan un año sin resolver las apelaciones que presentaron los 11 imputados contra los procesamientos que los complican. El funcionario se mostró esperanzado en que los planteos, que de ser denegados acercaría la posibilidad de llevar a los implicados a juicio, estén resueltos “antes de terminar este año”.

La megacausa, donde se investiga una red de profesionales que supuestamente infló el valor de terrenos expropiados por la provincia, es una de las más complejas que se haya tramitado en Tribunales y tras las medidas dictadas contra los sospechosos en la instrucción, los abogados defensores presentaron casi 20 planteos. Mayormente ingresaron entre marzo y septiembre de 2013 y resolverlos está llevando más de la cuenta. Por ejemplo, las apelaciones a los 11 procesamientos, a un año, aún no tienen respuesta.

De Sanctis, como querellante del proceso en nombre de la provincia, fue ayer a Tribunales a ratificar la denuncia contra otro de los presuntos implicados, el exjuez Carlos Macchi (ver recuadro). Y cuando salió, sobre la Sala II, compuesta por José Vega, Eduardo Gil y Juan Carlos Peluc, le respondió a este diario: “Por la importancia institucional de la causa, por ser la mayor presunta estafa contra el Estado en la historia de la provincia, creo que podría ser más expeditiva”.

Si bien advirtió que “puede ser razonable el tiempo que se están tomando por la complejidad del proceso, podría haber otra celeridad, aquí se investiga una estafa contra los sanjuaninos”. A su lado, Rubén Pontoriero, el abogado contratado por el Gobierno para actuar con la querella, recordó que el Código de Procedimiento Penal fija que las causas por delitos contra la administración pública tienen prioridad.

El interés no es sólo del Estado, sino también de los implicados. El primero, porque si los procesamientos se confirman crecen las chances de llevar el caso a juicio. Y los segundos tienen derecho a que la Justicia les resuelva su situación en un tiempo razonable y no seguir presos de la incertidumbre.

Anteriormente, De Sanctis arremetió contra actores judiciales por interpretar que se quieren sacar de encima una braza caliente que incluye personas influyentes. Sucede que cuando comenzaron a llegar los recursos a la segunda instancia, casi todos los camaristas se inhibieron, un tribunal rechazó algunas excusaciones y se conformó la Sala especial que ahora debe dictaminar. Y ahí, se perdieron valiosos meses.