En medio de la polémica que generó la extensión de la promoción industrial a las provincias vecinas de San Juan, La Rioja y San Luis, el gobierno de Mendoza anticipó que interpondrá mañana ante la Corte Suprema de la Nación, una medida cautelar de "no innovar" para evitar que avance el decreto presidencial 699/10.
Así lo anunció ayer el secretario General de la Gobernación -y mano derecha del gobernador Jaque-, Alejandro Cazabán, que además expresó su preocupación por el avance de este beneficio impositivo y aseguró que desde el Gobierno, Fiscalía de Estado y Asesoría Letrada se ha trabajado activamente durante todo el fin de semana en la presentación que hará la provincia ante la Corte.
La estrategia será llevada adelante por el Fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, dijo ayer Cazaban en una conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno, en donde justificó además que la provincia pedirá asimismo la inconstitucionalidad del decreto que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Esto es absolutamente perjudicial para Mendoza, no se justifica ni jurídica, ni política ni económicamente en las provincias de San Juan y de San Luis", expresó Cazabán.
El secretario se convirtió en vocero del gobernador, quien ayer viajó a Buenos Aires intentando mantener una reunión con el ministro de Interior, Florencio Randazzo.
Cazabán desestimó la alternativa de que Mendoza realice la presentación judicial conforme al resultado de la reunión de Jaque con el titular de la cartera política al asegurar que "primero están los intereses de Mendoza. La idea es dialogar, pero no podemos dejar de interponer una medida judicial. Hay plazos y efectos que no podemos consentir".
Por su parte, el ministro de la Producción, Raúl Mercau, aseguró que desde su cartera están preocupados por la situación y advirtió que la extensión o la ampliación de la promoción a las provincias vecinas, "rompe el equilibrio regional del Nuevo Cuyo". Mercau explicó además, que este contexto es propicio para "perder" empresas mendocinas y potenciales inversores. "Una empresa que hoy tiene que pagar todos los gravámenes puede tomar la decisión de ampliar sus inversiones en las provincias vecinas o directamente trasladarse allá. Además, una empresario que estaba decidiendo emprender una actividad podría hacerlo directamente en otra provincia", señaló el funcionario.
Todos unidos
Mientras tanto, el clima político local que se ha generado por el conflicto interprovincial, cada vez se tensa más. El sector de la oposición le transfirió el domingo al gobernador Jaque la responsabilidad de encabezar la batalla para lograr la derogación del decreto por medio de tres vías: política, judicial y legislativa.
La primera es el camino político, que consiste en hacer oír al Gobierno nacional el malestar generalizado que reina en Mendoza y lograr un acuerdo que no perjudique a la provincia. La segunda es la judicial, teniendo como antecedente el fallo de la Corte contra los Decretos de Necesidad y Urgencia, según lo acordado el sábado con referentes de sectores empresarios. Y la tercera es la discusión legislativa, según reprodujeron ayer los diarios mendocinos. "Por la vía parlamentaria, este decreto como una facultad delegada debe ser tratado en la comisión bicameral (al igual que los DNU) o, de lo contrario, se debe impulsar una ley para derogarlo. Si todo esto fracasara, hay que presentar un proyecto para incluir a Mendoza con algún beneficio de este tipo", explicó el diputado nacional cobista Ricardo Mansur.
De todos modos, algunos sectores de la oposición temen que la imagen enérgica que ha mostrado estos días Jaque sean una "puesta en escena" del gobernador Jaque para ganar tiempo hasta que la discusión por la promoción industrial y el decreto se disipen de la escena mediática. El diputado nacional por el Partido Demócrata (PD) Omar De Marchi, alertó que "si no se logra la derogación, el Gobierno de la provincia deberá insistir en recuperar unos 6.000 millones de pesos que entrega cada año a la Anses y que servirían para hacer una promoción industrial propia". Por su parte, Laura Montero, -diputada cobista- explicó que "el gobernador debe ir con contundencia a pedir la derogación de este decreto". Otro personaje de la política nacional que pasó por Mendoza el último fin de semana y también se pronunció sobre el tema, fue el máximo operador kirchnerista, el mendocino Juan Carlos "Chueco" Mazzón, quien se declaró en contra de ampliar los beneficios. "No estoy de acuerdo con extenderlo a otras provincias", remarcó.