Buenos Aires, 17 de agosto.- La semana pasada, la petrolera Shell, la segunda en participación de mercado, detrás de YPF, retocó en $ 0,3 el litro el valor de sus combustibles y despertó la ira del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El viernes, el funcionario anunció que esta semana enviaría inspectores para que las empresas retrotrajeran los precios.

En los últimos 12 meses, la nafta súper se encareció en torno a 30%, la premium 35% y el gasoil 40%. Las empresas explican la suba por dos grandes factores: la devaluación del peso y el paulatino incremento del precio local del petróleo.

A pesar de la amenaza de Moreno, tanto las petroleras como los pequeños y medianos expendedores de combustibles dudan de que concrete el anuncio. Hasta ayer, ninguna de las empresas consultadas por El Cronista había recibido comunicaciones oficiales con el pedido de retracción de precios.

De forma anticipada, además, Rosario Sica, la titular de Fecra –reúne a estacioneros de Capital y parte del Gran Buenos Aires– aseguró ayer que las bocas de expendio “no bajarán los precios” de los combustibles a pesar de la eventual aplicación de la Ley de Abastecimiento.

Sica, además, deslizó que no tienen demasiado sentido enviar inspectores para controlar los precios. “Los días 10 de cada mes tenemos que enviar una declaración jurada a la Secretaría de Energía. ¿Qué van a hacer entonces los inspectores si ya informamos los precios?”, se preguntó.

De acuerdo con la legislación, el precio de los combustibles es libre en la Argentina, por lo cual puede ser establecido por las petroleras. Sin embargo, Moreno ordenó en varias ocasiones durante los últimos años la vuelta atrás de los aumentos.

En el caso de Shell, con la cual el Gobierno mantiene una tensa relación desde 2005 –ese año el ex presidente Néstor Kirchner lanzó un boicot contra la empresa llamando a no comprarle combustibles– no lo hizo de forma directa durante los últimos años. La empresa tiene habitualmente los precios más altos, aunque seguida de cerca por el resto de las petroleras.

“Tengo la sensación de que Moreno va a sacar inspectores a la calle, va a pedir facturas de compra e intentar una especie de acción disuasiva. Pero es muy difícil que pueda poner un límite a los precios, porque eso implicaría la publicación de un decreto presidenciales”, explicó un empresario del sector.