Otra vez grupo de vecinos se opone a autorizar una estación de servicios
A pesar de la queja vecinal la Secretaría de Ambiente se encamina a permitir el funcionamiento del negocio.
A pesar de la queja vecinal la Secretaría de Ambiente se encamina a permitir el funcionamiento del negocio.
Por segunda vez, en menos de un mes, otro grupo de vecinos se opone a la instalación de una estación de servicios, en este caso en la esquina de Avenida Central y Esteban Echeverría, en Capital. El antecedente es el de otro grupo del barrio privado Ayres Libertador, sobre la Avenida Libertador, en Rivadavia (ver aparte). Entre los principales argumentos para oponerse ahora se encuentran la futura contaminación sonora, los gases de los combustibles, que son cancerígenos, según afirman, y la depreciación económica de los inmuebles cercanos. Frente a los planteos, que fueron expuestos en una audiencia pública convocada para la mañana de ayer por la Secretaría de Ambiente, desde el organismo dijeron que en principio no se observan elementos que den motivo al rechazo de la iniciativa.
"Si el grupo inversor cumple con los parámetros ambientales, no hay motivos para el rechazo", dijo Carla Chirino, directora de Gestión Ambiental. En el caso de los gases que serían cancerígenos, dijo que con ese argumento habría que sacar a todas las estaciones de la ciudad y llevarlos a zonas rurales. Sobre el ruido dijo que ya la zona tiene mucho tránsito y sobre la desvalorización de los inmuebles señaló que no es un ámbito de competencia de su área.
La nueva estación, del Grupo Barceló, que ya tiene otras 6 funcionando, además de inversiones en camiones, neumáticos y fertilizantes, será para combustibles líquidos y contará con tomas para la carga de vehículos eléctricos. Tendrá 4 islas para 8 autos en forma simultánea, servicompras y cajero automático. Y dará trabajo a unas 25 personas. Aunque desde el grupo se reservaron el monto de la inversión. La construcción durará unos 10 meses, según calculan.
El lugar elegido es un precio de 1.057,30 m2, que en su momento utilizó la constructora Milicic, que estuvo a cargo de las tareas de ampliación de la Avenida Central.
Entre los argumentos de los vecinos presentes en la audiencia, que no es vinculante, es decir que sólo se escucharon sus planteos, se encuentran, por ejemplo, que la circulación de camiones con el combustible para abastecer la estación, más los autos que irán a cargar, incrementará los ruidos en la zona. Y otro vecino mencionó que los gases de los combustibles atentan contra la salud de la población. Además, uno de los asistentes estimó que por la proximidad del emprendimiento, los inmuebles de las cercanías perderán un valor estimado del 40%. "Quién va a querer comprar junto al peligro de una estación de servicios", planteó.
Entre las voces que se hicieron escuchar, Adela Cattapano dijo que "acá no vemos ningún beneficio para los vecinos, por el contrario ganaremos contaminación sonora y del aire. Que Ambiente nos diga en qué nos vamos a beneficiar".
A ella se sumó Karin Braun, quien sostuvo que "ya hay cuatro estaciones de servicio en la zona y no hace falta otra. Además, los autos cada vez contaminan más y no queremos más aire contaminado ni ruidos".
En lugar de la estación de servicios los vecinos propusieron para aprovechar el espacio una plaza o un centro de salud.
Ahora, en la Secretaría de Ambiente calculan que llevará un mes decidir o no la autorización del proyecto del Grupo Barceló. En ese tiempo los vecinos pueden sumar nuevos elementos al expediente para fundamentar la oposición a la iniciativa empresaria.
Otra en Rivadavia
El primer caso de rechazo a la instalación de una estación de servicios fue en Rivadavia. En ese departamento un grupo de vecinos del barrio privado Ayres Libertador planteó su rechazo a que se construya un emprendimiento de ese tipo en el ingreso de este vecindario. Dijeron que cuando compraron sus casas, el proyecto de la constructora indicaba que ahí se iba a hacer un paseo comercial. Fue así que una reunión a mediados de enero de un grupo de 30 vecinos participó de la audiencia pública de impacto ambiental, que convocó la Secretaría de Ambiente.
Y allí plantearon su enojo y hasta hicieron una presentación legal para que esa reunión sea considerada nula, pues dijeron que no hubo respeto de las leyes. Todavía el proyecto no está aprobado.
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