Tras la polémica que se armó por las demoras de los jueces para resolver, la Sala II de la Cámara Penal finalmente rechazó ayer el pedido de eximición de prisión que había presentado Horacio Alday. El abogado está en la mira como uno de los presuntos organizadores de la asociación ilícita que actuó en las expropiaciones fraudulentas, desde marzo se mantiene en la clandestinidad y es la segunda vez que la Justicia dice que no corresponde concederle el beneficio. Su defensor insistió en que no está en el país y aseguró que mientras no le aseguren que no quedará detenido, “es nula la posibilidad de que venga a la provincia a declarar”.
La resolución salió en horas de la mañana, casi seis meses después del recurso de apelación que presentó Alday, y está firmada por los camaristas José Vega, Eduardo Gil y Juan Carlos Peluc Noguera. Entre otros argumentos, aseguran que la calificación que le cabe al sospechoso por su participación en el tema expropiaciones es por un delito con pena de prisión efectiva, por lo que no es apropiado darle la eximición de prisión. El mismo fundamento que esgrimió en marzo la jueza de la megacausa, María Inés Rosselot, cuando le denegó el beneficio.
Pasa que a Alday le endilgan, provisoriamente, haber cometido fraude contra la administración pública y ser jefe u organizador de la supuesta asociación ilícita que se dedicó a cometer maniobras ilegales en juicios de expropiaciones para sacarle millones de pesos al Estado por inmuebles que costaban mucho menos. El segundo de los delitos no es excarcelable, por lo que podría ir preso si llega a ser condenado.
Alday fue mandado a detener en marzo junto a los otros 11 involucrados en la megacausa, pero la Policía no lo encontró porque había abandonado la provincia y hasta hoy sigue sin entregarse. En ese contexto fue que Rosselot procesó hace poco al resto. Mientras que aún no pudo resolver la situación procesal del abogado, aunque ordenó su captura internacional.
Alday fue socio de Graffigna, señalado como el otro jefe de la asociación ilícita, y la presunción de la jueza es que operaron juntos para estafar a la provincia. En la Justicia afirman que en su estudio se encontró uno de los tres expedientes del caso Carbajal que desaparecieron de Tribunales y que a la postre se terminaron unificando irregularmente para modificar el objeto de la demanda. Además, dicen que tuvo intervención en medidas preliminares en algunos de los juicios sospechados y que recibió pagos de los titulares de esos procesos.
Enterado de la negativa de la Sala II, Fernando Echegaray, el abogado defensor de Alday, aseguró en Radio Sarmiento que su cliente ya está al tanto de la resolución y que recibió instrucciones para recurrir ante la Corte de Justicia. Al mismo tiempo, reiteró que está fuera del país y que no se entregará mientras no tenga garantías de que quedará en libertad cuando se presente para ser indagado.
En la previa hubo polémica por los tiempos que barajó la Justicia para responder al planteo de Alday. La apelación a la denegatoria de Rosselot ingresó en marzo y el dictamen salió mucho después de lo que se considera razonable. En el medio hubo una larga cadena de inhibiciones de magistrados y pases de expedientes que llevaron más de la cuenta. Echegaray hasta llegó a presentar una queja en la Corte por denegación de justicia para su cliente.