Tras el derrame de cianuro del domingo en Veladero, el juez Pablo Oritja hizo lugar ayer a un amparo presentado por un vecino jachallero y ordenó suspender por 5 días las operaciones con ese químico en el emprendimiento. La resolución tiene un doble objetivo: investigar qué fue lo que pasó y determinar si el sistema utilizado para separar el metal de la roca es seguro, de manera que no implique ningún riesgo latente de contaminación. Además, el magistrado ordenó tomar muestras del terreno en la zona circundante para ser analizadas en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), le pide informes a Barrick sobre el incidente y dispone proveer agua embotellada, con cargo a la empresa, a las poblaciones de Jáchal e Iglesia.
La medida judicial se conoció cuando los resultados en laboratorio de las distintas muestras de agua tomadas tanto en Jáchal como en Iglesia dieron resultado negativo, es decir que no se detectó la presencia de cianuro (ver página 3). Y fue luego de que la población del departamento norteño viniera movilizándose con marchas y protestas en reclamo del esclarecimiento de los hechos ocurridos en la mina.
El magistrado aceptó el planteo que le había formulado el jachallero Enrique Marín y tuvo en cuenta que se encuentra “en riesgo la salud humana” y consideró “el posible daño ambiental” en las aguas del río Blanco, al que podría haber llegado parte de la solución cianurada. Fue luego de que en la mañana del domingo y durante un período que las pericias y el juez determinarán, se produjo la rotura de una válvula en el valle de lixiviación de Veladero, que transporta líquido con el químico. Es el que se emplea para extraer el oro y la plata de la roca triturada y que podría haber llegado a los ríos cercanos.
Por efecto de la medida del juez, que tiene previsto realizar una inspección ocular en la mina a la mayor brevedad posible, pero que un temporal de viento y nieve en la zona dificulta la tarea, fuentes de la empresa dieron a conocer que no tienen previsto que baje el personal, sino que la rotación de empleados será la normal. Lo que sí se estima es que si la compañía no puede operar para extraer el oro y plata de las rocas, se vería afectada la tarea en el resto de la mina porque no podría continuar acopiando material para que luego sea procesado.
Junto con la medida del juez Oritja, también hubo novedades en la causa penal planteada por el Gobierno provincial porque hubo requerimiento fiscal para que se investigue si hubo delito en el incidente (ver recuadro). La misma se disparó el martes, luego de que el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, por instrucciones del gobernador José Luis Gioja, presentara ante la Fiscalía General de la Corte, a cargo de Eduardo Quattropani, una denuncia para que se investigue si existió la comisión de un delito en la mina y se determine la extensión del daño causado.
Un planteo similar habían formulado ante la fiscal Graciela del Pie los dirigentes Saúl Zeballos y José Oscar Torres, con el patrocinio de los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, del Frente Progresista Popular. Y ayer se sumó uno más: el Concejo Deliberante jachallero, por pedido de los vecinos, dispuso declarar la emergencia ambiental, social, sanitaria, educativa y laboral en el departamento e instruir al intendente Jorge Barifusa para que presente una acción de amparo colectiva ambiental, que se materializó por la tarde (ver foto), además de solicitar la “indemnización de los daños” producidos por el incidente. Al mismo tiempo, autorizó al jefe comunal a que disponga la provisión de agua mineral envasada a la población, con cargo a la empresa Barrick.
Tras la acción de amparo a la que hizo lugar el juez, desde el gremio minero AOMA, el secretario general, Iván Malla, dijo que “nos sorprendió la medida” y recomendó “manejarse con la información oficial que aporten los entes competentes”. El dirigente señaló que hoy tiene previsto reunirse con los delegados de Veladero para decidir los próximos pasos a seguir aclaró que “todo el personal está bien y cumplen sus funciones con total normalidad”.
Jaime Bergé, el titular de la Cámara Minera de San Juan, sostuvo que “todo lo que sea investigar para determinar la verdad es positivo”.
El dirigente, junto con los secretarios nacionales de Minería y Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Jorge Mayoral y Sergio Lorusso, fueron denunciados penalmente por los hechos de Veladero.