Es una decisión tomada, aseguraron fuentes gubernamentales. La gestión de Sergio Uñac pondrá en marcha la ley que establece que una parte de lo que cobran los hospitales estatales por atender a pacientes que tienen obra social sea repartida entre sus empleados. La idea es comenzar a aplicar el mecanismo en el transcurso de este año, una vez que se reglamente el procedimiento y se mejore el nivel de recaudación. El recupero mensual está hoy en 1,2 millones de pesos y en los despachos oficiales apuestan a multiplicarlo por 10 en la segunda parte del año.
La forma de distribuir el dinero que proviene de las obras sociales y la Aseguradoras de Riesgo de Trabajo figura en el artículo 17 de la ley de descentralización hospitalaria que se implementa desde la década pasada en los dos grandes nosocomios del Estado, el Rawson y el Marcial Quiroga. El mismo establece que los fondos deben ir a adquirir bienes, a becas y capacitación del personal y a los trabajadores de todos los niveles y categorías de esos centros de salud a través de un plus o adicional por productividad, pero el último ítem nunca se aplicó y es motivo de polémica con el Sindicato Médico.
Según las fuentes, la administración uñaquista resolvió empezar a darles participación a los empleados de los dos hospitales y lo hará este mismo año. Para eso, está trabajando en reglamentar el artículo 17 y establecer qué porcentaje les da del total recaudado y cómo lo distribuye entre ellos mismos. Es decir, cuánto les toca a los médicos y los otros profesionales de la salud, al personal de la sanidad, a los administrativos y al resto de los trabajadores.
Además de la reglamentación, hay otro punto que condiciona la puesta en marcha del procedimiento: la efectividad de cobro. Las fuentes aseguraron que, antes, hace falta levantar sensiblemente el nivel de recaudación a las obras sociales y las ART para que no baje drásticamente el monto que se afecta a invertir en mejorar los hospitales y que la cifra a percibir por los trabajadores no sea tan baja.
Son cientos de personas con obra social que se atienden por día en el Estado en lugar de hacerlo en el sector privado y según las fuentes, no se registran todas y se cobra muy poco de lo que se factura. Puesto en números: informaron que se recauda apenas 1,2 millones de pesos mensuales, cuando las prestaciones reales a esos pacientes equivalen a, al menos, 30 millones.
Para mejorar la ecuación, el Ministerio de Salud contrató a la consultora Sameger hasta diciembre para que capacite a los empleados (médicos y administrativos) que deben llenar la historia clínica de los pacientes con cobertura, justificar la prestación que recibieron y conseguir la validación de las obras sociales para cobrar. La empresa se lleva un 8,7 por ciento por ciento de lo que efectivamente se recauda y eso hizo ruido en los hospitales. Las fuentes justificaron su contratación en que el mecanismo de facturación es muy complejo y aseguraron que en dos o tres meses, el recupero se irá a los 12 millones de pesos.
La otra apuesta de la cartera que conduce Castor Sánchez es que los trabajadores se comprometan más con la tarea. Y dan por hecho que así será, ya que irán embolsando más dinero a medida que repunte la efectividad de cobro.