En su intención por sanear la exbodega Cavic, el Ministerio de Gobierno invitó por escrito a los jueces a que tomen medidas tendientes a disponer de los miles de vehículos que hay almacenados por motivos judiciales. El predio está repleto de autos, motos y bicicletas secuestrados por distintas irregularidades, la gestión giojista lo quiere liberar y dentro de poco piensa rematar los que dependen del Ejecutivo. Pero la Justicia tiene bajo su jurisdicción un gran porcentaje de rodados y su actuación es clave para lograr el cometido.
Desde hace años, la ex Cavic es un cementerio de vehículos. El predio es administrado por el Ejecutivo y allí van a parar todos los que son radiados de circulación por faltas de tránsito, accidentes, no tener papeles en regla o ser parte de una causa judicial. En total, hay acumulados casi 10 mil rodados entre automotores, bicicletas y motos (ver infografía). Según un relevamiento de la Secretaría de Gobierno y Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno, 4.797 están bajo la órbita del Ejecutivo, la Justicia tiene control sobre 4.123 y el resto se divide entre los que dependen de otras reparticiones y de la Justicia Federal.
El plan oficial es que el Estado se empiece a deshacer de vehículos “porque resulta gravosa la conservación” de los mismos, explicó el titular del área, Juan Romero. Y si bien el Ejecutivo ya se puso a trabajar en el tema (ver El remate), necesita que la Justicia tome el mismo camino para conseguir avanzar con el saneamiento. Sencillamente, porque los autos que están retenidos por causas penales sólo pueden ser liberados por la Justicia.
Por escrito, Romero les informó a cada uno de los jueces la cantidad de rodados que son parte de sus causas y les pidió que adopten “medidas a los fines de proceder a la realización de dichos bienes, siempre que el estado procesal de la causa lo permita”. Eso implica que los magistrados elaboren un informe sobre las condiciones de los vehículos y que se lo eleven a la Corte de Justicia, para que disponga si los mismos siguen secuestrados o si se los entrega a terceros bajo algunos de los mecanismos que prevé el Código de Procedimiento Penal.
Esa norma le da opciones al máximo tribunal para que afecte los vehículos que secuestra y que no puedan ser recuperados por sus dueños originales. Siempre que pase un tiempo mínimo desde el momento del secuestro, los miembros de la Corte de Justicia se los puede entregar a un particular o una institución en carácter de depositario judicial, rematarlos o, si ya no sirven como automotores, donárselos al Ministerio de Educación para que sean usados en la capacitación, por ejemplo, de alumnos de escuelas técnicas. Este diario intentó hablar con dos cortistas para saber si se van a abocar a estudiar el estado procesal de los rodados que hay en la exbodega y colaborar con el intento de saneamiento, pero no fue posible.
Muchos de los vehículos que dependen de la Justicia están en la ex Cavic desde hace años y, según fuentes de Tribunales, cumplen con los requisitos que impone el Código de Procedimiento Penal para ser entregados a terceros. Por otro lado, aseguraron que la Corte ha recibido pedidos de privados o instituciones para ser depositarios judiciales y que concedió algunos, pero advirtieron que no recuerdan que hayan dispuesto una subasta. Uno de los que irá al Poder Judicial a gestionar que le entreguen rodados de la ex Cavic es el intendente de 9 de Julio, Walberto Allende. El jefe comunal pretende ser depositario judicial de 20 motos, 3 autos y 2 camionetas para ponerlos a trabajar en distintas reparticiones municipales que están alejadas de la villa cabecera del departamento. Ya consiguió que el Ministerio de Gobierno le entregue recientemente 153 bicicletas para chicos y trabajadores nuevejulinos que viven lejos y que no tienen en qué trasladarse, y anunció que ahora intentará conseguir automotores a través del Ejecutivo y el Poder Judicial.
Son tantas las movilidades radiadas de circulación en San Juan, que las instalaciones de la exbodega capitalina ya no dan abasto. Al punto que el Gobierno ha tenido que afectar un predio ubicado en el departamento Pocito, para guardar los nuevos vehículos que son secuestrados.