El Gobierno provincial, a través de un decreto publicado el 1 de febrero en el Boletín Oficial, puso en marcha un nuevo régimen de redeterminación de precios de los contratos de obras públicas en San Juan. La finalidad es evitar que se paralice la obra pública en la provincia, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

El nuevo sistema, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, establece un método para ir ajustando los contratos e ir acompañando el proceso inflacionario.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción delegación San Juan, Julián Rins dijo que se trata de un sistema "superador" y que si bien no es la solución integral al problema, ayudará a mantener la actividad. Hasta ahora, según dijo el dirigente, la obra pública en San Juan no se ha detenido por falta de pago o demoras en la actualización de los valores de los contratos. Pero que sí han habido algunas demoras puntuales en algunas empresas, atribuibles a la falta de algunos insumos por problemas de importación.

El dirigente habló de la "difícil" situación del sector de la construcción por la "tremenda inflación". Pero reconoció que el Gobierno provincial "tuvo una actitud distinta" con referencia al sistema de actualización del costo de las obras. Aunque aclaró que el régimen "se aproxima" pero no cubre "todo el desfasaje que está sufriendo el sector".

En este contexto hay que recordar que en noviembre del año pasado la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la declaración de emergencia de la obra pública en la provincia.

Se trata de un mecanismo que habilita al Gobierno local a pagar no más del 20 por ciento del monto del contrato actualizado y hasta el 30 por ciento para obras "que presentan características especiales en insumos o equipamientos diferenciales". Según había explicado en su momento el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, la herramienta era necesaria, de manera urgente, ya que, sin la sanción de la ley, todas las obras en ejecución estaban en juego y, por ende, 'unos 12 mil puestos de trabajo", según calculó el funcionario.

Para la ministra de Hacienda, Marisa López, la asistencia tenía la modalidad de adelantar el pago de los certificados de obra de noviembre, documento que históricamente se liquidó en el año siguiente, en enero.

Así, la titular de la cartera contable expresó que, con la complicación administrativa, "la ley de emergencia en la obra pública entrará en vigencia a partir del 1 de enero". Ahora se complementa con el nuevo decreto.