La Cámara de Diputados de la Nación convirtió este miércoles en ley un proyecto para declarar la “emergencia social, económica y productiva” para la actividad de la manzana y la pera durante 365 días, en los cuales los productores accederán a regímenes especiales de prórroga en el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social, tanto en la AFIP como en la Anses. La medida beneficiará a Río Negro y Neuquén, San Juan y Mendoza. 

La flamante norma apunta a facultar al Poder Ejecutivo Nacional a “articular las medidas necesarias para atender la situación de desfinanciamiento extraordinario que se experimenta a lo largo de toda la cadena frutícola”.

La propuesta legislativa había sido presentada en abril en el Senado por la neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), en una iniciativa consensuada con el rionegrino Miguel Pichetto, del PJ-Frente para la Victoria, y Federico Pinedo, del Pro-Cambiemos.

En la Cámara Alta recibió en su momento el acompañamiento unánime de los senadores, mientras que esta semana, en la votación de Diputados, el proyecto recibió 175 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones.

A pedido de los representantes legislativos de Mendoza, San Juan y La Pampa, los fruticultores de ambas provincias también fueron incorporados al régimen de emergencia.

El legislador por Río Negro Sergio Wisky (Pro) se quejó porque, según dijo, el oficialismo intentó incluir las modificaciones que habían solicitado los productores, pero los miembros “de la bancada kirchnerista lo impidieron”, por lo cual ellos “son los responsables de trabar la efectiva implementación de la emergencia económica para el sector frutícola”.

Agregó que “es lamentable que entre quienes actuaron en contra de nuestra gente haya diputados rionegrinos, ya que nosotros pretendíamos poder agilizar su implementacióny hasta ampliar los beneficios de la ley, pero no tuvimos éxito”.

En cuanto a su participación en la sesión, la también diputada rionegrina María Emilia Soria (Frente para la Victoria) pidió “que se cierren las importaciones” de manzanas en el país, proveniente en su mayoría de Chile, para fortalecer la producción nacional. Denunció que ya ingresaron más de 3.400 toneladas en lo que va del año.

La legisladora celebró que se incorporen a la declaración provincias como Mendoza, San Juan y La Pampa, pero denunció que las importaciones de manzana se incrementaron 2.200 % en 2016. “Cierren de una vez por todas la importación de manzanas, eso ayudaría a la emergencia frutihortícola”, reclamó Soria.

A su turno Silvia Horne (Peronismo para la Victoria), igualmente representante de Río Negro, sostuvo que “el gobierno le echa nafta al fuego porque achica el mercado interno, importa fruta y eleva los costos fijos”.

También argumentó en ese sentido el neuquino Darío Martínez (Frente para la Victoria), quien consideró que “es importante que esta ley empiece a aplicarse en más provincias, ya que todavía no han tenido acceso a sus beneficios los productores y las pymes. Esto es fundamental para el desarrollo de nuestra región”.

Desde el Pro, la diputada Susana Balbo remarcó los motivos climáticos que produjeron la emergencia, y negó que la importación genere conflictos económicos. “Tenemos necesidad de equilibrar los mercados, no hagamos uso político de los accidentes climáticos”, dijo.

La diputada Soledad Sosa, del Frente de Izquierda, manifestó que “no podemos apoyar una emergencia en contra de los trabajadores”, y de modo similar se expresó su compañero de bancada Juan Carlos Giordano, quien denunció que “se van a eximir de impuestos a los grandes grupos concentrados”.