"Salvo el tema judicial, el decreto de la promoción sigue vigente", le dijo ayer el super ministro kichnerista Aníbal Fernández al gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Las palabras sonaron como melodía luego de las múltiples embestidas mendocinas por frenar el decreto presidencial que prorroga por 15 años la promoción industrial de San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis. Los dichos del Jefe de Gabinete fueron refrendados luego por el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, con lo cual la Nación ratificó el apoyo político rotundo al decreto 699, al tiempo que se coincidió en que la Nación apelará todos los intentos judiciales que apunten a frenar la norma.
"Hablamos con los ministros de que que el único tapón es judicial, no hay que sobredimensionar el tema, es claro que el Ejecutivo saca un decreto y en esa línea es lógico que lo defienda, y en esa línea también tomará cartas en el asunto respecto de las acciones legales que deban tomar, como apelar la suspensión de Mendoza, que refiere a la norma que ellos mismos sacaron", explicó Gioja al termino de los encuentros.
El gobernador se reunió ayer con los dos funcionarios y cosechó así un espaldarazo político fuerte. Ahora, la Nación y las provincias promocionadas se aprestan a dar el contraatque en la justicia.
La Nación lo hará en los próximos días cuando la Secretaría Legal y Técnica apele el fallo emitido el jueves pasado, a pedido de la Cámara de Comercio de San Rafael, por el juez mendocino Acosta que dictó una medida de no innovar, suspendiendo preventivamente el decreto de Cristina Fernández que otorga más beneficios fiscales a cuatro provincias. Gioja obtuvo ayer la confirmación de esa apelación.
Por su lado, la Fiscalía de Estado de San Juan presentó ayer temprano ante el juez Lepoldo Rago Gallo, titular del segundo Juzgado Federal, una Acción Declarativa de Certeza y una acción cautelar de no innovar, en defensa de la medida presidencial. Anoche, al cierre de esta edición la justicia aún no se había pronunciado, algo que fuentes judiciales especulaban con que podría ocurrir en la mañana de hoy.
"La medida solicita la intervención del juez para dicte pronunciamiento y aclare la situación de validez, vigencia y operatividad del decreto del Poder Ejecutivo 699/10 sobre los beneficios de la promoción industrial que Mendoza tanto combate con su fobia tradicional. Nosotros consideramos que esta declaración de certeza es imprescindible porque se ha producido una situación de incertidumbre sobre este decreto frente a la medida de no innovar dictada por el juez de San Rafael, el doctor Acosta", explicó el asesor de gobierno, Guillermo De Sanctis.
Lo que el gobierno provincial pretende es que justicia se expida sobre la legalidad del decreto nacional y esencialmente, si éste está operativo. Eso le permitiría a las autoridades seguir avanzando en los trámites administrativos faltantes, que son la firma del convenio de adhesión con la Nación. Hace unos días Gioja ya adhirió con un decreto provincial.
Pero fundamentalmente se busca neutralizar el fallo del juez federal mendocino, con otro fallo de un juez federal sanjuanino: la estrategia del gobierno de Gioja es que si la justicia hace lugar a la presentación, el decreto de la promoción recobra su fuerza original, vuelve a ser operativo y así sería "plenamente aplicable a San Juan y al resto de las provincias promocionadas, mientras que el juez mendocino se quedaría con su fallo aplicable solamente en Mendoza. Como allá no tienen promoción, quedaría abstracto, fuera de contexto", aventuró una fuente oficial.
Otro frente lo encarnarán hoy las provincias promocionadas en conjunto. Hoy habrá una cumbre de gobernadores, fuerzas laborales y legislativas en La Rioja, donde se decidirá si las provincias comparecen juntas o separadas ante el Juzgado federal de San Rafael para hacerse parte como terceros interesado y apelar el fallo que suspende la promoción.
El pasado 20 de mayo la presidenta firmó el decreto extendiendo los beneficios de la promoción por 15 años. Mendoza puso el grito en el cielo y presentó un amparo en la Corte de Justicia de la Nación, además del que los empresarios hicieron en San Rafael.