La provincia precisará este año del Programa de Asistencia Financiera (PAF) unos 184 millones de pesos para afrontar los vencimientos de la deuda pública. Y por la coparticipación del fondo de la soja (Fondo Federal Solidario) calcula que en el 2010 recibirá unos 170 millones de pesos, según datos del Ministerio de Hacienda. Ambos fondos provienen de la Nación y en el hipotético caso de que se perdieran, el monto sería casi similar al que ganaría si se sanciona el reparto total del impuesto al cheque: el 100% de coparticipación del cheque representarían este año para San Juan unos 226 millones de pesos adicionales -según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal-, con lo cual, pasaría a recibir de 115 a un total de 341 millones de pesos. Es decir, apenas 13 millones de pesos menos que el PAF y la soja juntos. Pero con una ventaja cierta: los fondos que viniesen de una nueva ley del cheque serían de distribución automática, y no sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno, con lo cual la provincia ganaría en autonomía.
¿Entonces, es más negocio para San Juan renunciar a los millones del PAF y de la soja, a cambio de ganar todo el reparto del fondo que genera el cheque, tal como se plantea hoy en las esferas nacionales? La respuesta no es tan simple como parece.
El gobernador tucumano José Alperovich lo graficó ayer en un medio nacional: dijo que su provincia recibe 550 millones por el PAF y otros 500 millones por obras financiadas por la Nación, y que si por obtener 470 millones adicionales por el impuesto al cheque "me sacan todo lo otro, no hago ningún negocio". Y agregó que no hace falta que le adviertan que perderá todo lo demás si se aprueba el nuevo reparto del impuesto al cheque, porque "es lógico que buscarían (el gobierno nacional) recuperar por ese lado lo que perderían".
En ese caso -si la ayuda también se corta para todas las otras obras y no sólo las que se financian con la soja-, el costo para la provincia de San Juan sería mayor al beneficio. Sólo basta imaginar que se corte el grifo de los fondos necesarios para construir el dique Punta Negra, terminar el estadio o hacer más casas.
"Cualquier gobernante pretende para su jurisdicción mayores recursos, pero aquí el gobernador Gioja se ha expresado con sentido político, y de equidad y solidaridad que lo que hay que tener en cuenta es el equilibrio del conjunto", dijo ayer Aldo Molina, secretario de Hacienda de San Juan, en sintonía con el rechazo explícito a modificar la ley que anticipó Gioja , y que ayer volvió a destacar con fuerza (ver página 5). Molina lo sintetizó de la siguiente forma: "Si hoy se sancionara una ley que permitiera la coparticipación total del impuesto al cheque, San Juan, Mendoza, el conjunto de las 24 provincias contarían con mayores recursos, pero dejaría de contar con esos recursos el Estado nacional. Hay que ver de qué modo se hace frente a la realidad no de la jurisdicción que se verá beneficiada, sino de la que no es beneficiada".
En efecto, coparticipar todo el impuesto al cheque entraña para el gobierno nacional el riesgo de achicar a menos de la mitad el superávit fiscal primario previsto para este año, o sea, unos 10 mil millones de pesos. El delicado tema del reparto de fondos entre la Nación y las provincias será motivo de análisis en el cónclave de Olivos que el lunes al medio día reunirá a Cristina Fernández de Kirchner con los gobernadores oficialistas. Esta vez, la presidenta se sumará al debate sobre una nueva coparticipación federal en lugar de la ley del cheque, tal como impulsó su esposo Néstor Kirchner, cuando reasumió la presidencia del PJ nacional. Gioja será de la partida para reclamar que "se agrande la torta" a repartir y que "ninguna provincia reciba menos que en la actualidad".