“Creemos que es correcto que el proyecto del dique Tambolar se lleve a la práctica hasta que se termine”, dijo el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartúa, consultado por DIARIO DE CUYO por el planteo del Gobierno de La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A través de una cautelar, la administración del pampeano Carlos Verna le pidió al máximo tribunal de justicia nacional que frene la construcción del dique sanjuanino con el argumento de que el río San Juan sobrepasa los límites de la provincia e integra la Cuenca del Desaguadero, que nutre de recursos hídricos a esa jurisdicción.

Según el funcionario nacional, hay dos argumentos que avalan la continuidad de los trabajos. El primero es que el “río San Juan ya tiene la regulación construida, las decisiones ya fueron tomadas”. Hizo referencia a que el Tambolar es el cuarto dique que se está construyendo sobre el río y a que hay otras tres represas aguas abajo, Caracoles, Punta Negra y Ullum. El otro argumento es que “Tambolar es una obra que ya está en construcción y lo que se está licitando ahora es la finalización”. Y agregó que “no estamos hablando de un proyecto nuevo sino de uno que ya está en marcha”.

El respaldo del secretario nacional tuvo lugar luego de que el jueves pasado, en un acto que encabezó el gobernador Sergio Uñac se abrieran los sobres con la propuesta económica de los tres grupos de empresas que siguen en carrera. Con fuerte presencia de firmas nacionales, que es una de las claves que da puntaje para definir cuál continuará con los trabajos, la intención oficial es dar inicio a los tareas en los próximos 45 días y tenerlas finalizadas en el 2024. En realidad la obra, que tiene un presupuesto oficial de 748 millones de dólares más IVA, fue encarada en dos etapas. La primera, que concluyó en julio del año pasado, con un costo estimado en los 70 millones de dólares, incluyó el desvío del río, construcción de túneles, la bóveda de la cámara de compuertas y el campamento. Ahora queda por construir la presa, túnel de aducción, vertedero, la casa de máquinas y una línea de alta tensión para transportar la energía generada.

No es la primera vez que La Pampa llega a la máxima instancia judicial por un dique sanjuanino, ya que entiende que le limita recursos hídricos a su jurisdicción. Antes había planteado reclamos sólo ante Nación. Lo hizo con los embalses Los Caracoles, Punta Negra, Ullum y también con Cuesta del Viento. En ninguno de los casos anteriores tuvo respuesta de las autoridades nacionales. Pero ahora la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución aceptando intervenir en el conflicto.
Según interpretó el gobierno pampeano, fue “un fuerte respaldo de la Justicia” a su reclamo. Sin embargo, el fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo, aseguró que la resolución “no tiene implicancia alguna”.

“Esto no es un fallo. Es una mera resolución de la Corte, que asume la competencia de la causa y emplaza a La Pampa a que encauce su demanda, que había sido hecha a través de un amparo. Le informa que el caso requiere un mayor debate, una mayor amplitud probatoria, lo cual no es propio de un amparo, sino que debe hacerse a través de una demanda ordinaria”, explicó Alvo.

El planteo de La Pampa por el Tambolar fue presentado en octubre del año pasado e involucra no sólo a San Juan sino también al Gobierno nacional. La pretensión del gobierno pampeano, según explicó el Procurador General de Rentas de esa provincia, Hernán Pérez Araujo, en declaraciones al diario La Arena, fue “solicitar mediante una medida cautelar a la Corte que se paralice la obra y todos los trámites tendientes a su realización‘, hasta tanto se cumplan con una serie de requisitos exigidos por normativa nacionales. El procurador hizo referencia a la ley General del Ambiente, la de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas y lo normado por la ley de Obras Hidráulicas, que establecen que es necesario llevar adelante audiencias públicas en las provincias y una evaluación de impacto ambiental integral por una obra que afecte a más de una jurisdicción.

El nudo de la cuestión es que las autoridades pampeanas entienden que el río San Juan integra la cuenca del Desaguadero y nutre al río Salado, tal como lo hace el río Atuel de Mendoza. Incluso, La Pampa inició un planteo similar contra la vecina provincia en el que tuvo un fallo favorable por parte de la Corte Suprema, que obligó a Mendoza a asegurar un caudal mínimo sobre el río para mantener el ecosistema de La Pampa. Lo mismo exigen para el caso de San Juan.

Sobre la decisión de la Corte Suprema, Bereciartúa dijo que “quiero expresar mi mayor respeto hacia la definición de la Justicia. Pero siento tranquilidad por la decisión que hemos tomado en el sentido de que el proyecto del dique se lleve a la practica”.
 

Las frases

“El Acueducto Gran San Juan les va a garantizar a los habitantes de la provincia el agua potable para las próximas décadas con una financiación del 50% de la Nación, en línea con las prioridades fijadas por el presidente Macri”.
 

“Hay un curso de acción en el plan del Gobierno nacional con la generación de empleo argentino y que muestra una visión de largo plazo porque se están haciendo obras no para las próximas elecciones sino para las próximas décadas”.

“Seguimos trabajando en proyectos que apunten a la generación de empleo nacional porque creemos que hay que generar recursos reales para el desarrollo y que las economías regionales, como la de San Juan, crezcan”.