El reclamo salarial de unos 430 empleados de la planta permanente de la Municipalidad de Rivadavia, que piden una recomposición en sus sueldos retroactiva a enero del 2012 equivalente en la práctica a unos 56 millones de pesos, pone en jaque las finanzas comunales. Es porque el monto representa casi un 35 por ciento del presupuesto anual del departamento, de unos 160 millones de pesos. Lo que piden los trabajadores es un reajuste en sus salarios del 52,10 por ciento, retroactivo al 2012, concedido sólo a la planta política de la comuna, pero que no ha beneficiado a quienes se desempeñan en forma estable.
Mientras el secretario adjunto de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Gabriel Pacheco, que patrocina a la mayoría de los empleados que reclama, dijo que “vamos a agotar la vía administrativa y luego tenemos intención de llegar a la instancia judicial, aunque se verá”, la intendenta Ana López de Herrera afirmó que “es algo que estábamos esperando, pero que no corresponde. Tienen todo el derecho a hacerlo”. Tanto el titular del gremio, el diputado nacional José Villa, como la jefa comunal, López de Herrera, pertenecen al mismo espacio político, que es el Frente para la Victoria.
El conflicto comenzó cuando, apenas llegada a la gestión, la Intendenta concedió primero a la planta política, a partir del 2012, una recomposición salarial del 27,10% con el argumento de que este sector del personal venía con los ingresos atrasados. A este primer incremento se sumó luego otro 25 por ciento, siempre para la planta política, que resultó de adherir la comuna a un decreto provincial que establecía otra equiparación salarial. Entre ambas subas suman 52,10 por ciento, que es los que el personal estable pretende que les concedan. Incluso por este reclamo han protagonizado varias protestas, paralizando incluso algunos servicios.
Para hacer el pedido, los empleados, que están representados en su mayoría por UPCN, aunque hay otros que son defendidos por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) e incluso algunos han recurrido a abogados particulares, los empleados se basan en la Carta Orgánica Municipal. Según esta norma, en su artículo 23 inciso 5, señala que “la dieta no podrá ser modificada, sino en los casos en que se disponga el mismo porcentaje para toda la administración municipal”.
En base a esta situación en su planteo sostienen que “de acuerdo a lo que manda la Carta Orgánica, el aumento debería haber sido ordenado para toda la administración municipal y no solo para la planta política, como ilegal y erróneamente se ha autorizado”.
El cálculo del monto del reclamo resulta de tomar el salario promedio de un empleado, que ronda los 7.000 pesos. El 52,10 por ciento de ese monto son 3.647 que, multiplicados por los 430 empleados y contando 36 meses, hasta fines de este año, cuando el caso podría llegar a la Justicia, se contabilizan los 56 millones de pesos.
El reclamo administrativo fue iniciado el 20 de marzo pasado, con el expediente Nro. 1910 E-14 y está vía debe ser agotada antes de llegar a la instancia judicial, dijeron fuentes gremiales. Recién después podrá venir el reclamo contencioso administrativo en los estrados judiciales.
Rivadavia no es la única comuna que ha tenido problemas por el pago de sueldos. Un antecendente es Capital (ver aparte).