La nueva gestión de Vialidad Nacional quiere empezar pronto los trabajos para alambrar 121 kilómetros de la Ruta 141 que va a la Difunta Correa -ya hizo la licitación y está por adjudicarse-, pero la novedad es que ahora salió a advertir que la obra de 36 millones de pesos será cobrada posteriormente a los dueños de los terrenos lindantes.
Si bien eso es lo que indica la legislación vigente, durante la anterior gestión no se logró implementar; y se tomó la decisión política de llevar a cabo la obra igual, para evitar que los animales anden sueltos y provoquen accidentes de tránsito.
Ahora, Sergio Aldunate, el nuevo jefe del noveno distrito de la repartición, dijo que los trabajos se harán respetando lo que dice la ley nacional de Tránsito 24.449 y su decreto reglamentario. Por ellos, desde el 24 de junio y por tres días publicó en medios locales una intimación a los frentistas, que además fue publicada en el Boletín Oficial.
En la publicación se emplaza en 15 días hábiles, hasta el próximo 18 de julio, a los propietarios de inmuebles en el tramo de la ruta comprendido desde el límite con La Rioja y el empalme con la Ruta 20 (kilometro 203,72) para que se presenten espontáneamente a sus oficinas en la avenida Rawson 377 Norte, en la capital de San Juan.
El objetivo es que los propietarios frentistas a la ruta indiquen de qué manera pagarán el tramo que les corresponde a su predio, como también si tienen algún planteo para que sea evaluado por la Nación. Quienes no lo hagan, no tendrán derecho a reclamo y en el futuro se accionará legalmente para que paguen, además de que serán pasibles de una multa según indica la normativa nacional. En el caso de que los terrenos no pertenezcan a una persona, sino que sean fiscales, el cobro posterior se hará al Gobierno provincial o nacional, según corresponda. Una vez realizada la obra, los propietarios que no se presentaron serán buscados a través de los registros catastrales correspondientes para iniciarles el cobro por vía judicial. Teniendo en cuenta que el monto de la obra asciende a 36 millones de pesos, el costo de cada kilómetro de alambrado en la zona significará un desembolso de alrededor de 297.500 pesos. Si bien no están identificados con exactitud los propietarios, la información disponible en la Dirección de Catastro indica que en la zona aludida hay al menos 10 propiedades particulares las cuales se les cobrará parte de la obra. Lo mismo ocurrirá con la obra de alambrado en 132 kilómetros de la Ruta 20 hasta el limite con San Luis, en los departamentos de Caucete y 25 de Mayo. Esa obra está próxima a licitarse en este segundo semestre y allí existen al menos 40 parcelas privadas.
DECISIÓN
‘’Lo que tiene que quedar bien claro es que Vialidad Nacional no hace alambrados. Algunas personas interpretan que por ser una zona no urbana no hay propietarios, pero sí los hay; y la ley de Tránsito dice que deben cumplir con la obligación de colocar alambrados que impidan el ingreso de animales a la zona del camino’’, explicó Aldunate.
Vialidad Nacional viene analizando la posibilidad de colocar el alambrado en esas 2 rutas nacionales desde 2008, pero se topaban con un problema legal. La Ley de Tránsito establece que esa tarea es responsabilidad del dueño del campo. Frente a la normativa, la dependencia está autorizada a intimarlos para que cerquen sus inmuebles, pero durante la gestión anterior no los detectaron y ante la dilatación de los plazos y los accidentes de tránsito que se venían desencadenando, Vialidad tomó la decisión de licitar la obra.