Metida en las entrañas de la campaña electoral, la minería volvió aquí a desnudar el choque entre oficialistas y opositores, ninguno de los cuales quiere pagar el costo de asumir un tema agrio en general para la población. Dos días después que el candidato justicialista postergara las definiciones sobre el proyecto San Jorge, en Uspallata, prometiendo una consulta popular si es electo gobernador, los bloques radicales y otros opositores se unieron para torear al justicialismo rechazando la Declaración de Impacto Ambiental, ya aprobada por el Ejecutivo y enviada a aprobación legislativa. Los radicales intentaron ayer que lo tratara sobre tablas Diputados, pero no consiguieron los 2/3 necesarios para abordar el debate público. Las ONG ambientalistas ya han presionado contra el proyecto argumentando la prohibición de una ley de los tiempos de Cobos. Como aquí el tema minero ha creado un clima adverso a esas explotaciones (las cámaras sacaron en el año 2007 la Ley Antiminería a Cielo Abierto), los candidatos eludieron y tiraron la pelota para adelante en este asunto que tiene, sin dudas, su costo político.
