Por no haber adherido a la Ley 7668 de la provincia, que estableció la inembargabilidad de los fondos y la suspensión de los juicios, la Municipalidad de Santa Lucía sufrió el embargo de sus cuentas por 186.000 pesos, lo que le ha ocasionado dificultades para pagar los sueldos y el aguinaldo al personal. Es por un reclamo de honorarios de un abogado, Rubén Mut, que quiere que le paguen por su defensa a los intereses de la comuna en un juicio que proviene de la gestión del ex intendente Vicente Mut.
El embargo quedó firme por un dictamen de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, integrada por los jueces Alejandro Largacha Quiroga, Octavio Augusto Sánchez y Oscar Roberto Otiñano. La decisión judicial fue apelada por la comuna ante la Corte de Justicia de la provincia, pero hasta tanto el tribunal superior decida, el embargo está vigente.
Según la resolución de los camaristas, el municipio adhirió a la Ley 7855, que fijó una prórroga de la emergencia pública en el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. Pero la comuna no adhirió, a través de la sanción de una ordenanza municipal con fecha previa al ejercicio de este año, que es el procedimiento para estos casos, a una norma anterior que es la 7668. Esta última ley es también la de emergencia pública que vencía en diciembre de 2007 y por eso fue prorrogada por la 7855 por dos años más. La 7668 sí consigna expresamente en su artículo 3ro. que las cuentas "no podrán embargarse”. Y agrega que "los tribunales competentes en cada caso, de oficio o a pedido de parte, ordenarán el levantamiento de las medidas cautelares y ejecutivas que se hubieren trabado y la restitución de las sumas embargadas”. En el artículo cuarto menciona la suspensión de los juicios.
Los jueces encontraron argumento para que los artículos de la ley original no tuvieran vigencia con la simple adhesión a la prórroga. "Tenemos entonces que la Municipalidad de Santa Lucía no ha adherido a la Ley 7668 y menos a las disposiciones de la misma relativas a inembargabilidad y suspensión de juicios”, dice el dictamen. "Tampoco surge esa inembargabilidad y suspensión de juicios de la ordenanza 1834-CD-07, ni de la Ley 7855 a la que adhiere. En consecuencia, el levantamiento de embargo y suspensión de ejecución dispuesto por la sentencia con apoyo en la Ley 7668 resultan improcedentes, correspondiendo revocar la sentencia apelada en todas sus partes”, agrega.
El intendente Aníbal Fuentes habló ayer del embargo pero nunca dijo que fue porque les faltaba la ordenanza adhiriendo a la otra ley.
El conflicto tiene origen en la gestión del ex intendente Mut, del período de gobierno "91-"94. El ex jefe comunal pagó por adelantado a una empresa constructora, IFCA, por la realización de una obra cloacal en el Barrio Balcarce. Pero la empresa sólo ejecutó alrededor de un 25 por ciento de los trabajos, según informaron en el municipio.
A raíz de esa situación, la comuna demandó a la empresa. En primera instancia la Justicia Civil le ordenó a IFCA que devolviera el dinero cobrado por obras que no había concluido y dispuso pasar las actuaciones a la Justicia Penal por la actitud del ex intendente, de haber pagado por adelantado obras nunca ejecutadas.
Rubén Mut (en el municipio niegan que sea pariente del ex intendente) era en aquella época abogado del municipio y pidió la regulación de honorarios por su tarea y como no obtuvo respuesta le inició un juicio a la Municipalidad. En primera instancia, el Tercer Juzgado Civil le dio la razón a la comuna, que había invocado la vigencia de la ley de emergencia económica para no pagar ese juicio. Pero Mut apeló y ahora la Cámara Civil le dio la razón con el argumento de que el municipio no está adherido a los alcances de la emergencia en cuanto a la inembargabilidad de las cuentas y la suspensión de los juicios.
Por esta razón la comuna presentó un recurso de inconstitucionalidad del dictamen legal y de casación ante la Corte de Justicia de la provincia. Pero, mientras tanto, las cuentas siguen embargadas y Santa Lucía "con problemas” para pagar los salarios y el medio aguinaldo de diciembre, según confirmó Fuentes.
La emergencia pública está vigente en la provincia desde 1995 y se ha ido prorrogando para escaparle a los juicios. A principios de este mes, la Cámara de Diputados local la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2011. Consultado el fiscal de Estado, Mario Díaz, dijo que no ha habido pronunciamientos de la Justicia que hayan ordenado la no aplicación de la ley de emergencia.