El proyecto de ley de "Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, inclusivo, Sustentable y exportador", o Ley Agroindustrial, que presentó el presidente Alberto Fernández con apoyos del Consejo Agroindustrial Argentina (CAA) y que incluye beneficios fiscales para incrementar inversiones y exportaciones dividió las aguas en la dirigencia sanjuanina. Entre los vitivinícolas generó adhesiones, pero los sectores exportadores, olivícolas y ganaderos, lo criticaron. El plan oficial que será debatido en el Congreso fue diseñado inicialmente por el CAA -una entidad que reúne a más de 60 entidades del sector- en conjunto con el gabinete económico nacional, pero fue retocado y se eliminaron algunos pedidos del campo. Pretende que se aplique desde enero de 2022, para beneficiar a pymes, incrementar exportaciones en 7 mil millones de dólares y generar 150 mil nuevos puestos de trabajo en la producción agropecuaria y agroindustrial de todo el país (ver Claves del proyecto). La vitivinicultura lo apoya. Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes, valoró que las inversiones se amorticen en 3 años en vez de 10, además de los beneficios para exportar. "Son medidas que tendrán un impacto positivo, porque reducen la presión impositiva y favorecen la inversión", dijo. Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, opinó que es un viejo proyecto de premiar la reinversión. "En principio, estamos de acuerdo, tiene una visión de favorecer la inversión, algo que el sector había planteado en el Consejo Agroindustrial Argentino, veremos si sufre modificaciones en el Congreso", señaló el dirigente. El presidente de la Cámara del Mosto, Fernando Morales, también lo elogió. Dijo que servirá para inversiones que planea el sector tales como ampliar plantas o agregar alguna infraestructura para hacer otro tipo de mostos. "Hay que esperar cómo se aprueba este proyecto de ley, pero la iniciativa es buena, y puede traer buenos réditos para los sectores agroindustriales", dijo.

Antonio Gimenez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, analizó que la propuesta "hasta ahora tiene bajo impacto en San Juan" y que sólo puede interesar el bono fiscal para insumos que contribuyan a la sustentabilidad del suelo, aunque falta saber cuáles son considerados como tal y que requisitos se exigirán para acceder al beneficio. Aplazó su opinión respecto al saldo a favor del IVA hasta conocer la letra chica de cuando se pueda descontar y aseguró que los requerimientos de las pymes agroindustriales son otros. "Las expectativas del sector son para los problemas estructurarles que afectan la competitividad, como la inflación, la multiplicidad del tipo de cambio, los altos costos de transporte que pronuncian asimetrías en las economías regionales, entre otros", dijo Gimenez. Patricia Calderón, titular de la Federación Olivícola Argentina, también planteó otros aspectos prioritarios: "Las economías regionales siguen lidiando con el pago de derechos de exportación y con el no cobro de reintegro a las exportaciones en un porcentaje razonable. Ambas cosas constituyen el mayor desincentivo a la inversión exportadora", dijo. No obstante, dijo que el plan nacional "es un primer paso", que ahora se seguirá hablando con las distintas corrientes políticas y que espera que cuando llegue a la promulgación de la ley y su reglamentación, sí sirva y se pueda aprovechar. El plan de fomento dedica un amplio espacio a beneficiar a la ganadería, pero los referentes del sector local lo consideran insuficiente o que no ayudará. Omar Zamorano, miembro de la por ahora desarmada Cámara Ganadera de San Juan, dudó que el plan de fomento vaya a resolver el atraso que generó el cierre de exportaciones de carnes. "Estamos desencantados, y si bien estos anuncios ayudan, en San Juan necesitamos tener algún diferencial con respecto a otras zonas productivas, para lograr traccionar inversores grandes". Sí destacó que los productores chicos y medianos reciben mucho apoyo provincial. Eduardo Coria Lahoz, que dirige una consultora en asuntos agropecuarios aseguró que el proyecto nacional "no va a servir para nada". "Nadie va a poner un feed lot (cría de ganado en corral), ni va a producir carne de exportación porque estén dando una ventaja impositiva por el IVA o un crédito subsidiado; cuando el verdadero problema es que se cobran retenciones para exportar, se prohíbe exportar carne, hay varios tipos de dólar e impuestos", señaló. Agregó que el sector ganadero pide a gritos que le alivien la carga tributaria y la gran cantidad de regulaciones.


 

LAS CLAVES DEL PROYECTO

Beneficios impositivos

La norma prevé la amortización acelerada en 3 años -actualmente, de 10 años- o acorde al tipo de inversión en cada sector del agro. Para inversiones en construcciones e infraestructura, establece acortar la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas.

El IVA

Se prevé la devolución de IVA para inversiones en un año, cuando hasta ahora se realiza en 4 años promedio, lo que beneficiará y alentará a plantas frigoríficas, acopios, etcétera. Los interesados en acceder a los beneficios dispondrán de una "ventanilla única digital". Los controles posteriores verificarán el cumplimiento.

Más beneficios

Para actividades agroindustriales que tengan IVA diferentes, podrán computar los débitos fiscales generados por tales operaciones. Esto beneficia a carne porcina, entre otros. Ganaderos también dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando vendan los novillos.