El procedimiento de pago de saldos de más de 8 millones de pesos por 2 juicios de expropiaciones que canceló la provincia recibió ayer duros cuestionamientos en el juicio contra el magistrado civil, Carlos Macchi. Quien descargó la artillería pesada fue el actual fiscal de Estado y acusador especial, Guillermo De Sanctis, que puso contra las cuerdas al testigo, Carlos Sánchez Bustos, quien fuera jefe de asesores del exministro de Hacienda, Aldo Molina. El foco de las críticas apuntó a que el consultor fue el que aconsejó que el gasto se efectuara cuando dicha atribución, por ley, corresponde a un área específica de la cartera. “¿Por qué violaron la norma?”, arremetió con su pregunta De Sanctis, a lo que el colaborador sólo respondió que “actué como se venía haciendo y como entendí que correspondía”.
Otro misil hacia Sánchez Bustos fue cuando el fiscal recordó una reunión entre funcionarios (en la que estaba el testigo) y el gobernador José Luis Gioja, en la que se expuso la preocupación por los embargos por los juicios de expropiaciones. Sin embargo, De Sanctis le preguntó cuáles fueron las acciones que tomó para frenar dichas erogaciones, teniendo en cuenta que contemporáneamente al encuentro entre las autoridades, desde la cartera económica se autorizaron más de 8 millones de pesos para cancelar 2 saldos, según remarcó.
En el proceso está en juego la destitución o la continuidad de Macchi en el Quinto Juzgado Civil. El magistrado está acusado de cometer una serie de irregularidades en los juicios de expropiaciones que tramitó y que le costaron millones de pesos a la provincia, beneficiando con sus fallos al abogado Santiago Graffigna. Pero a medida que pasan los testigos van saliendo a la luz las presuntas complicidades o negligencias de distintos actores en la megaestafa, según la hipótesis que plantea Fiscalía de Estado. Dicha postura ha encontrado un primer respaldo en la Justicia, ya que hay 10 sospechosos procesados (entre los que hay una jueza y funcionarios públicos) por integrar una asociación ilícita que se dedicaba a inflar el valor de los terrenos que el Estado expropiaba para que se desembolsaran sumas siderales.
En la audiencia de ayer desfilaron 2 testigos pedidos por la Defensa. Su estrategia es demostrar que Fiscalía de Estado (por entonces bajo la conducción de Mario Díaz, quien está procesado por fraude) y el abogado Graffigna, aceptaron las sentencias de Macchi. Así traslada la responsabilidad al organismo que debe proteger el patrimonio público e intenta desligar al juez. En cambio, De Sanctis habla de connivencia entre distintos actores, que también hubo en la repartición, como Díaz y Norberto Baistrocchi (fallecido), el abogado que llevó adelante los juicios de expropiaciones polémicos y que fue cesanteado, según remarcó (ver protagonistas).
Sánchez Bustos declaró en la tarde. Era el jefe de asesores en la oficina auxiliar del ministro Aldo Molina y quien dictaminaba sobre la legalidad de los pagos. Este punto fue el que cuestionó De Sanctis, ya que remarcó que la ley 3.784 y la 5.557 establecen que el único facultado para hacer ese tipo de recomendaciones es el Servicio Permanente de Asesoría Jurídica. El testigo se excusó alegando que “siempre se ha actuado así” y “que entendí que no era necesario” que pasara a esa área específica. Los saldos que se cancelaron fueron los 6 millones de pesos en el caso Ruiz, Guillermo, una esquina que terminó costando 25 millones, y poco más de 2 millones en la causa Anes, en la que se desembolsaron 12 millones de pesos por 9 hectáreas, todos fallos de Macchi.
El otro testigo, Sergio Crusinsky, abogado de Fiscalía, declaró que se acordaron los pagos de los remanentes porque ya había sentencia firme. Sin embargo, De Sanctis lo objetó. Dijo que podían pedir una nulidad, porque se trataron de sentencias irregulares.